El momento político que vive Colombia no es nada propicio para que avance el proyecto de Reforma a la Salud, que aún se encuentra en debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Hay tantos intereses para que las cosas sigan igual que, ni siquiera el presidente Juan Manuel Santos que la presentó, va a estar dispuesto a exponer su menguado capital político si eso implica correr riesgos en el proyecto de garantizar su reelección. Además, los legisladores de los distintos movimientos están demasiado ocupados con las campañas de sus candidatos, como para concentrarse en esta discusión que, pese a todo, es de vital importancia para el futuro del país.
De todos modos, el interés que despertó el foro realizado el pasado miércoles en Chinchiná (Caldas), gracias a la alianza de Transparencia en lo público en la que están comprometidos la Contraloría General de Caldas, la Universidad de Manizales y LA PATRIA, muestra que es un tema en el que todo el mundo tiene gran expectativa, confiando en que las condiciones para los usuarios del sistema sean cada vez mejores. Los actores de los distintos niveles estuvieron presentes e hicieron interesantes aportes a la discusión, que podrán servir para entender mejor a qué nos estamos enfrentando.
En las distintas ponencias, comenzando por la del Ministerio de Salud, queda claro que si bien lo que está proyectado no es la panacea, pues ningún país del mundo tiene completamente resueltos los desafíos de la atención de calidad a todos sus habitantes, los cambios que se tienen previstos pueden hacer que los cuantiosos recursos que cada año recibe el sistema (cerca de $30 billones) sean usados de una manera que impacte en forma más directa y real las acciones misionales orientadas a los pacientes.
Hay que ser conscientes, así mismo, que lo que tenemos ahora es bastante mejor que lo que se tenía antes, pues ya se cuenta con una cobertura prácticamente universal. Desde luego que hay problemas con los alcances del POS (Plan Obligatorio de Salud), con el acceso a los especialistas, con los plazos para los procedimientos, con los enfoques curativos en lugar de hacer énfasis en los preventivos, entre otros, pero en Colombia tenemos niveles de atención y facilidades para los pacientes en condiciones aceptables, por encima de otros países más desarrollados.
Sin embargo, lo que ha ocurrido con el esquema de intermediación que llevan a cabo las EPS (Empresas Promotoras de Salud) sí es bastante cuestionable, porque evidencia que la corrupción del sector arrebata grandes tajadas de recursos, los cuales se terminan quedando cortos al momento de prestar servicios, cuando serían suficientes para lograr coberturas más amplias y con calidad sobresaliente. Ojalá que la implementación de un sistema en el que los recursos están centralizados en una sola entidad y las nuevas gestoras no tengan la potestad de administrar el dinero, desemboque en que haya una mejora general. Parece demostrado que desde el punto de vista de financiación no se tienen problemas.
De la misma manera, por la vía de una mejor atención, pero también por la de establecer normativas que frenen el uso indiscriminado de las acciones de tutela, se logrará que haya una mejor estabilidad del sistema, que los profesionales de la medicina realicen una labor mejor enfocada, que los servicios prestados sean más amplios y modernos, y en general lograr que no solo el sistema de salud, sino incluso el judicial, sea más eficiente.
Esperamos que sea cual sea el gobierno que esté en la Casa de Nariño durante los próximos cuatro años, se impulse una reforma a la Salud que ponga orden en la casa y que garantice una mayor satisfacción a todos los colombianos. Claro que entre mejor esté el país en condiciones económicas, los usuarios seremos más exigentes, por lo que ninguna plata alcanzará para una cobertura y calidad totales, pero hay que seguir avanzando en el camino de una mayor equidad y de un uso más organizado de los recursos.
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