Hace 15 días el ministro de Salud y Protección Social, Alejandro Gaviria, dijo que estaba “casi seguro” de poder garantizar el equilibrio financiero de las EPS del Régimen Subsidiado (RS). Si nos atenemos a las declaraciones de Luisa Fernanda Tovar, directora nacional de Caprecom, quien afirmó que no tiene dinero para pagarles a las entidades de la red de salud de Caldas, ese “casi” fue una nueva salida en falso del alto ejecutivo, quien después de cerca de seis meses al frente de esa cartera aún no arroja resultados positivos en su gestión.
Si bien hay que reconocer que en el RS recientemente la Unidad de Pago por Capitación (UPC) -lo que el Gobierno paga por cada afiliado- fue incrementada entre el 17,4% y el 20%, con el objetivo de acercarse a los niveles del Régimen Contributivo (RC), la verdad es que se mantienen los desequilibrios y que en el caso de Caldas, donde todo el RS quedó en manos de Caprecom, las palabras de Tovar solo generan desconcierto y nuevas y más graves preocupaciones. Por esto, no es de extrañar que en la encuesta de percepción de Manizales Cómo Vamos el 59% de los consultados haya manifestado que no se le está garantizando su derecho a la salud.
Gaviria ha asegurado que en marzo próximo, durante las primeras sesiones ordinarias del Congreso de la República, presentará un proyecto con el que se le daría un vuelco a todo el sistema de salud, para dejar atrás las incertidumbres que han rodeado al sector durante los años recientes. Ojalá que, después de tanta quietud e inoperancia lleguen las decisiones de fondo que nos lleven a la recuperación de un servicio que es vital para el bienestar de los colombianos.
Mientras eso llega se necesita que se concreten los anuncios relacionados con los giros de las denominadas cuentas maestras hacia los hospitales del primer nivel, urgidos de sanear sus finanzas. Se ha dicho que, por ese concepto, este año se tendrán recursos cercanos a los $2,5 billones, lo que sería un indiscutible respiro mientras se echa a andar la reforma que estamos esperando, y en donde se tiene la posibilidad de que las EPS, que han actuado solo como intermediarios, sean eliminadas.
Hay que ser conscientes de que el sistema de recobros ha sido el responsable de los problemas que hoy afronta el sector, y que es necesario establecer mecanismos más ágiles y efectivos que garanticen el flujo de los recursos y la consiguiente buena atención para los pacientes, quienes deben ser la razón de ser de todo el engranaje. Esperamos que el Ministerio de Salud salga del sopor que lo embarga y traiga de verdad una propuesta equilibrada, coherente y benéfica, donde no haya espacio para nuevas prácticas corruptas.
Si no se avanza con rapidez en los remedios para el sistema, cada día estará más cerca la posibilidad de que no haya una forma tranquila e inteligente de darle estabilidad y confianza a la prestación de la salud. Ahora bien, resulta riesgoso que el Gobierno esté pensando en que sean las secretarías de Salud las que se encarguen de garantizar el aseguramiento y prestación de los servicios en el RS, ya que en las regiones no se cuenta con la infraestructura necesaria para manejar esa responsabilidad. Eso solo sería viable si existe una plena financiación desde el principio.
Es evidente que con la reciente reforma tributaria se abre la necesidad de hacer ajustes en el recaudo y administración de los recursos de la salud, y así superar las grietas dejadas por la Ley 100, que tantas críticas ha recibido. También es necesario que se tomen decisiones de fondo con relación a la Superintendencia de Salud, que se volvió un ente corrupto y sin dientes. Hay que ser cuidadosos, así mismo, de que el ánimo de cambio no termine en transformaciones innecesarias o sin el debido sustento: lo que se necesita son soluciones reales, no golpes de opinión.
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