Un informe presentado por LA PATRIA el pasado domingo ratifica lo que muestra la Encuesta Nacional de Agresiones en el Servicio de Urgencias de los Hospitales y Clínicas, que elaboró la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC): aumenta la violencia contra el personal médico en Colombia, y Manizales no es la excepción. De hecho, en la ciudad está claramente identificado que los mayores problemas se presentan en los servicios de urgencias de Assbasalud, en el Centro Piloto de la Comuna San José y en el Puesto de Salud de San Cayetano de la Comuna Ciudadela del Norte.
Personas que prestan el servicio en estos lugares dan testimonio de cómo se ha tenido que transformar el espacio físico para aislarse de los acompañantes, sobre todo en casos que se atienden por violencia; de cómo algunos profesionales han sido amedrentados y golpeados; y de cómo en ocasiones tienen que hacer uso de toda su creatividad para no exponerse a maltratos y amenazas. En esto se juntan dos problemas bastante graves, la desconfianza en el servicio de salud por cuenta de la crisis asociada a todos los males que afronta el sistema en el país, y la falta de tolerancia de ciudadanos que en muchos casos le suman a sus problemas la combinación de consumo de alcohol o sustancias psicoactivas, con lo cual exacerban sus ánimos.
El personal médico en todas las instituciones está para prestar el mejor servicio, y es evidente que en algún momento puede cometer errores, bien por situaciones propias de la atención o por la presión a la que se ve sometido, pero nada justifica que tengan que asistir a su trabajo con miedo. Las autoridades deben establecer un plan que asegure la tranquilidad de estas personas, pues de ella también dependerá buena parte de la mejor atención para quienes requieran los servicios. Si no se cuenta con esa efectividad va a ser muy difícil que puedan concentrarse al ciento por ciento en su trabajo, así lo intenten.
Esa zozobra en nada beneficia la salud mental de quienes prestan el servicio, sino que alimenta un malestar que puede ser bastante dañino. Si se garantizan su seguridad y su tranquilidad, con más facilidad acudirán ante la justicia a interponer las denuncias que sean necesarias contra los agresores, pues de lo contrario, con toda la razón, temen ser víctimas de represalias, pues se ha visto la capacidad de hacer daño que tienen las personas agresivas, como que llegan hasta el mismo centro de salud para continuar sus disputas y, si pueden, rematar a las víctimas.
Está muy bien que se hayan reforzado las estructuras en donde se desempeñan estos profesionales, pero de nada servirá construir búnkeres si no hay también un esfuerzo de incentivar la solución pacífica de los conflictos en las comunidades, de promover buenas prácticas de relaciones sociales, de brindar espacios de esparcimiento y recreación a los habitantes de estas zonas y de ofrecerles alternativas que les quiten consumidores a la droga y el alcohol. Y al tiempo, que el Gobierno haga algo para mejorar el servicio de salud, obligando a las EPS a que paguen a tiempo, lo que facilitará muchos conflictos que se presentan por problemas ligados al presupuesto de las entidades.
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