La responsabilidad venezolana

Como era previsible, Venezuela rechazó la exigencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acerca de la necesidad de que los colombianos deportados, a quienes les violaron sus derechos humanos y les dañaron sus pertenencias, sean reparados de manera integral. No solo eso, el gobierno de Nicolás Maduro acusó a esa organización de difamación y “parcialidad inmoral”, negando que exista la crisis humanitaria que se denuncia en la frontera. Ayer en la tarde también decidió suspender la reunión de cancilleres, con lo que se le dan nuevas largas a las medidas de normalización. 
Lo cierto es que cinco expertos de la CIDH, adscrita a la Organización de Estados Americanos (OEA) visitaron la zona del 10 al 12 de septiembre pasado y observaron de manera directa lo que allí ocurre, y aunque trataron de pasar al lado venezolano no se les permitió seguir, como lo consignaron en su informe. Con lo que vieron pudieron constatar que hubo deportaciones colectivas, persecución y discriminación por el solo hecho de ser colombianos. En menos de un mes salieron de territorio venezolano cerca de 21 mil personas debido a estos malos tratos, los cuales fueron legalizados usando el llamado estado de excepción decretado por Maduro el 19 de agosto. 
Tras la reunión del 21 de septiembre en Quito de los presidentes Juan Manuel Santos, de Colombia, y Nicolás Maduro, de Venezuela, con el acompañamiento de Rafael Correa, de Ecuador, y Tabaré Vásquez, de Uruguay, la situación se ha calmado, pero es evidente que hubo irregularidades y atropellos que tienen que ser corregidos, en la medida de lo posible. Así que la exigencia de la CIDH, aunque no sea reconocida por el gobierno venezolano, tiene que ser atendida en algún momento del proceso de restablecimiento de las relaciones y como parte de las soluciones que deben aplicarse. 
Ahora se dice que Maduro y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) acordaron que les permitirán a los colombianos deportados regresar a Venezuela, si legalizan su situación migratoria. Ojalá que eso sea cierto, y que no se quede solo en anuncios que suenen en medio de la Asamblea de las Naciones Unidas que se desarrolla en Nueva York, aunque frente a lo sucedido resulta claro que eso es insuficiente, porque no pueden quedar sin compensación las actuaciones violentas y excesivas de la guardia venezolana. 
Los cuerpos diplomáticos de ambos países vienen realizando reuniones, con el objetivo de encontrar los remedios a los problemas de la frontera, entre los que se señalan el narcotráfico, el contrabando y la presencia de grupos armados ilegales. En ese sentido, se tiene que tener claro que no solo los colombianos son causantes de esa situación, sino que también del lado venezolano personas de ese país contribuyen a tales fenómenos, que perjudican por igual a Colombia como a Venezuela. Por eso, no pueden ser medidas unilaterales y arbitrarias las que lleven a remediar tales problemas. 

Si bien es pertinente y sensato que el gobierno de Colombia mantenga un diálogo directo con su homólogo de Venezuela, no pueden olvidarse los abusos que se han cometido y que cualquier salida tiene que ser en términos de dignidad. También es importante destacar que la comunidad internacional empiece a interesarse por contribuir al hallazgo de salidas, pero sus pronunciamientos tienen que comenzar a ser respetados por las partes.