Esta semana el gobierno español de Mariano Rajoy, para hacerle frente a la crisis económica que ataca a ese país luego del colapso inmobiliario, optó por hacer duros ajustes en la economía, que han llevado a diversas posturas de oposición y respaldo, ante una realidad a la que sin duda era necesario aplicar remedios. El hecho de que hoy España sea el país de la Unión Europea (UE) con el mayor índice de miseria, 26,39%, superando en casi 13 puntos porcentuales la media comunitaria (según estudio de la Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal, Agett), es un claro indicador de que la situación no admitía más esperas.
La UE aprobó a comienzos de la semana lanzar un salvavidas de 100 mil millones de euros a la banca ibérica a cambio de mayores ajustes fiscales. Es así como a finales de este mes, España recibirá los primeros 30 mil millones de euros, y luego podrán llegar los demás recursos, en la medida en que se cumplan las exigencias de subir impuestos, bajar gastos oficiales y permitir que sus cuentas y su sistema financiero sean supervisados. El crédito sería por un tiempo máximo de 15 años y con intereses que estarían alrededor del 4% anual.
Rajoy ya se dio la pela de decretar un sustancial incremento del IVA, así como el anuncio de reducciones de los salarios de empleados públicos y ajustes en el régimen de pensiones, con lo que estaría hecha parte de la tarea. La otra parte es presentar este mismo mes a la UE un presupuesto bianual para el 2013 y 2014, que apunte a reducir del 8,9% al 2,8% el déficit fiscal en 30 meses. Los críticos de la medida aseguran que este apretón de cinturón implicará tener una economía en recesión, mayores tasas de desempleo (hoy está en cerca del 25%) y menores ingresos fiscales.
Con el paso dado por España, los ejecutivos de la UE también podrán exigir la reestructuración de entidades bancarias, el cierre de oficinas, despidos de personal, la eliminación de dividendos a los accionistas e incluso la liquidación de bancos si cerrarlos sale más barato que tenerlos abiertos. En contravía, y desde el otro lado del océano Atlántico, países como Brasil aseguran que se mantienen en la política de estimular la economía con reducciones de impuestos y baja en las tasas de interés, con el ánimo de fomentar la inversión y el consumo.
En vista de que en Colombia hay un alto porcentaje de inversión española, es probable que comencemos a sentir los efectos de los ajustes que hoy afronta el país ibérico. En eso tendremos que ser muy cuidadosos, para evitar que la ola de desempleo nos llegue por las correas de transmisión, o que una fuerte caída en las remesas enviadas por los colombianos en ese país termine impactando dramáticamente el consumo y frenando el crecimiento económico. El gobierno del presidente Juan Manuel Santos debe estar alerta para no dejarnos arrastrar por la debacle.
Entre las primeras consecuencias de los ajustes está la salida de los 115 expresos políticos cubanos y sus cerca de 600 familiares, que desde hacía dos años recibían ayudas del gobierno para permanecer en España. Los recortes de presupuesto también han afectado a los mineros, quienes esta semana protagonizaron una histórica marcha por las calles de Madrid, exigiendo que se les respeten sus derechos. Con el panorama actual lo que se ve llegar es un ambiente de descontento social que, seguramente, incrementará las protestas.
A los miles de colombianos que permanecen en España les espera una dura temporada, ya que son muchos los analistas de ese país que culpan de la crisis a la inmigración, que según ellos se quedó con un alto porcentaje de los empleos. Gran cantidad de los migrantes fabricaron sus sueños de futuro en ese lugar de Europa y le apostaron todo a su cumplimiento. Hoy se ven lanzados a luchar en un ambiente adverso, en el cual además de malos salarios podrían verse sin esperanzas y sin trabajo. Ojalá que pronto pase la tormenta y sus sueños vuelvan a tomar forma.
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