Toda suerte de interrogantes abrió el anuncio hecho la semana pasada desde La Habana por el presidente, Juan Manuel Santos, y el máximo comandante de las Farc, Timoleón Jiménez, alias Timochenko, de un acuerdo en materia de justicia para lograr que la agrupación guerrillera más vieja del continente entregue las armas. Ante una mayor certidumbre de que se puede alcanzar el objetivo de tener un acuerdo definitivo de paz obliga a que se emprenda desde ya el diseño de lo que será la estrategia para que este logro no desemboque en una inseguridad ciudadana mayor, como sucedió con los acuerdos de paz que se lograron en los años 80 en Centroamérica o las desmovilizaciones de algunas agrupaciones en Colombia que terminaron alimentando otras violencias.
Desde el momento mismo en que se hizo el anuncio se empezaron a recibir espaldarazos al Gobierno colombiano de los gobiernos del mundo, desde los países vecinos hasta las organizaciones como la ONU. Inclusive el logro fue celebrado por el papa Francisco durante su visita a los Estados Unidos, quien además reconoció su papel mediador en los momentos difíciles y su compromiso de aportar si se vuelve a necesitar de su consejo. A esto se sumaron expresiones como las de la Corte Penal Internacional que aplaudió lo pactado y destacó que cumple con los estándares mínimos internacionales que se requieren para que haya algo de justicia y no intervengan organismos multilaterales.
Están muy bien las palmaditas en la espalda recibidas y las expresiones de aliento, pero hay que decirlo clarito: Colombia no es capaz sola de soportar los costos que trae una posible desmovilización de tropas de las Farc y la reincorporación de cientos de combatientes a la vida civil. Si a esto se le suma la posibilidad que está abierta de cerrarse otro acuerdo con el Eln, pues el tamaño de las necesidades financieras crece. Ya se ha demostrado con el proceso de Justicia y Paz con los paramilitares que es muy difícil cumplir todas las exigencias que esto entraña, y eso se resume en plata para invertir en los procesos de reconciliación, de reintegración, de reparación y de conservación de la seguridad, pues quedan heridas abiertas y no se puede permitir que se abran nuevas violencias.
Por esto consideramos que se debe ahora sí abrir una bolsa común, en la que se espera el aporte de los fondos multilaterales, de los países que han expresado su buena voluntad, de los que también se favorecerán por la salida del juego ilegal del cartel de las drogas más grande de Colombia y porque la forma en la que se llegó a este acuerdo es un ejemplo para el mundo y no puede ser solo responsabilidad de los colombianos hacer que funcione. Por supuesto, también se espera que en ese Fondo haya un espacio amplio para las indemnizaciones que deben asumir las Farc. Es hora de sentarse a presupuestar con claridad los costos de ese posible posconflicto con las Farc para que la paz sea realmente duradera y no simplemente otro episodio más de las espirales de violencia en nuestro país.
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