La opinión, protegida

La opinión libre es fundamento esencial de cualquier democracia. Un país que se precie de democrático será aquel en el que se respeten las opiniones de los demás, incluso aquellas que puedan molestar a otros. No obstante, el Tribunal Superior de Cundinamarca, y algunos jueces no lo han entendido así, y quieren poner el mismo rigor a la opinión que a la información, siendo estas dos formas de expresión tan diferentes. La primera se basa en los pareceres que se tengan sobre algo, y la segunda son necesariamente hechos.

Por fortuna, después de un largo camino recorrido, la Corte Suprema de Justicia ha respaldado una vez más el sentido lato de la libertad de expresión en las opiniones, al desvirtuar una demanda de la exgobernadora de Cundinamarca, Leonor Serrano de Camargo, contra Luis Agustín González, director del periódico Cundinamarca Democrática, de Fusagasugá, en cuyo editorial expresó preocupaciones por la posibilidad de que la exmandataria aspirara de nuevo a la Gobernación de ese departamento, y cuestionó el paso de la dirigente política por ese cargo.

Un Juzgado, primero, y el Tribunal, después, en contravía de toda la jurisprudencia sobre el tema, de los principios constitucionales fundamentales y de lo que enseña el sentido común, querían instituir el delito de opinión en Colombia, cosa que ya ha rechazado en varias oportunidades la Corte Constitucional y que ahora reitera la Corte Suprema de Justicia con lo cual envía un claro mensaje a quienes pretenden establecer la censura en este país por vía judicial. Lamentamos que este expediente tan fácil de resolver haya tenido que llegar hasta la última instancia posible para poder volver las cosas a su cauce, el derecho como debe ser.
En este proceso además había cierto tufillo a discriminación, pues en circunstancias parecidas, reconocidos columnistas del país no se han tenido que someter a tantas instancias ni padecer el acoso judicial de una persona con poder. En este caso se trataba de un periodista local, director de un periódico de edición limitada que, de no haber sido por la situación judicial a la que se vio sometido, pocos se habrían enterado de su existencia. Las decisiones anteriores lo habían enviado a prisión por 18 meses. Había desproporción en la decisión y en la arremetida contra el medio, realmente con pocas posibilidades de afrontar semejante andanada.

Esto no quiere decir que estemos de acuerdo con las opiniones irresponsables que traspasan los límites penales, cuando se injuria y se calumnia, pero este no era el caso. Simplemente el director, en un espacio asignado para ello, el editorial, advertía que le preocupaba que una persona de ingrata recordación durante su paso por la Gobernación quisiera de nuevo aspirar a esa dignidad. Un legítimo derecho que le asiste a cualquier ciudadano, el de dar a conocer su punto de vista sobre los candidatos que se están postulando para el favor popular.

Vale destacar la importante labor de acompañamiento que se le brindó al periodista desde Andiarios y la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), que siguen cumpliendo su misión en este país, así como la solidaridad de todos los medios impresos colombianos que incluso publicaron el editorial en cuestión y así dejó de ser un asunto local, para ser de interés nacional e incluso internacional. Este es el tipo de solidaridad que demuestra que cuando se pone en riesgo el derecho de cualquier ciudadano de expresar sus razones se atenta contra el bien común de la libertad de expresión. Que les quede claro a los que tanto gustan de promover el acoso judicial y buscan la censura por cualquier vía.