La mafia de los celulares

Comprar o vender un celular usado es algo que no debería tener ningún misterio. No obstante, eso se convierte en un gran riesgo cuando esa operación no se hace directamente con el dueño que tiene todos los documentos e información legal del aparato. La compra de un aparato en la calle, en un establecimiento distinto a los autorizados por las autoridades, se convierte generalmente en parte de la cadena de un oscuro negocio que muchas veces comienza con una persona muerta por robarle un celular.

Los operadores de este tipo de telefonía y el Ministerio de las TIC han buscado toda clase de alternativas para cerrarles las puertas al comercio negro de celulares, pero las mafias siempre están buscando la manera de evadir los controles e introducir celulares robados en el mercado, como si fueran legales. Hoy se sabe que no son solo ladrones de barrio, ni pequeñas organizaciones locales, sino que todo hace parte de un sofisticado engranaje criminal de alcances trasnacionales, que usa tecnologías especiales para desbloquear los aparatos, en el que cierta negligencia de las autoridades también tiene responsabilidades.
En un completo informe de este diario publicado el pasado domingo queda claro cómo en Manizales, como en todas las ciudades de Colombia, hay eslabones de esa nefasta cadena del crimen, que existe infortunadamente porque personas comunes y corrientes, tal vez sin mala intención, optan con comprar celulares en negocios que se hacen pasar por legales, pero que en realidad no lo son, en lugar de hacerlo en las tiendas claramente autorizadas para eso.

Infortunadamente, el alto costo de los equipos nuevos hace que los de segunda mano se vuelvan atractivos para ese mercado negro, por lo que pese a que en enero de este año, de acuerdo con la Asociación de la Industria Móvil de Colombia (Asomóvil), el robo de celulares cayó un 12% con respecto a lo que ocurría un año atrás (cerca de 60 mil aparatos menos involucrados en casos de hurto), las cifras no son concluyentes. Aún no sabemos si la desaparición de las cláusulas de permanencia, por ejemplo, ha tenido un efecto que favorezca la ilegalidad. Durante el 2013 fueron robados cerca de un millón de celulares en Colombia, tendremos que esperar las cifras de este año para observar el comportamiento de ese delito.

Los ciudadanos podemos hacer mucho para ponerle fin a esta práctica macabra: sin importar el tipo de celular siempre habrá que poner la denuncia ante las autoridades cuando se es víctima de robo, o incluso cuando simplemente se pierde, con el fin de que su sistema pueda ser bloqueado. Aunque, también es evidente el ingenio de los delincuentes para lograr su objetivo de hacer pasar por legales equipos que tienen origen en el mercado negro, por lo cual las autoridades deben trazar estrategias consistentes para desarticular esas mafias.
 

Cada vez se fortalece más el convencimiento de que solo cuando los ladrones de celulares no sean dejados en libertad por ser considerado un delito menor, y cuando las personas sean multadas y hasta encarceladas por tener entre sus pertenencias algún celular que no cumpla con los criterios legales, será posible acabar con ese lucrativo negocio, que generalmente nace en el atraco y a veces en la muerte de una persona, víctima del robo. También hay que asegurarse de que países vecinos, como Venezuela, adopten políticas que le cierre posibilidades a este negocio criminal. Si un celular robado en Colombia puede ser activado en otro país no habrá posibilidades de acabar con esas mafias.
 

En Manizales, hay sitios identificados en la carrera 23, la calle 19 y ‘cambalache’ en la galería, que hacen parte de esa cadena siniestra, que es necesario atacar y romper. El reporte de 115 personas capturadas, 308 equipos recuperados y 65 establecimientos verificados en los últimos días por la Policía Metropolitana es insuficiente ante la magnitud de un negocio que mueve muchos millones de pesos a los ojos de todo el mundo. Además, aunque el Decreto 1630 del 2011 da herramientas para atacar este flagelo, resulta insuficiente frente a la magnitud del problema, por lo que se requiere atacar de manera más fuerte esa situación.