La Justicia fue la manera en la que Montesquieu encontró la posibilidad de que hubiera una tercería que ayudara a limar las relaciones entre los políticos de un ejecutivo y los políticos de un poder legislativo. Además se encargaría de solucionar los conflictos entre los particulares y de estos con el Estado, toda vez que sería cubierta por las mejores personas con la capacidad de tomar las decisiones correctas, sin dejarse influenciar y con base en la ley. Este diseño donde funciona lo hace bien, pero en nuestro país, desde hace rato que los individuos y los políticos hicieron que se desmerezca de la justicia.
Por supuesto que aún hay muchos empleados y funcionarios de la Rama Judicial probos, que contra viento y marea han logrado soportar el embate de los corruptos o de los amiguistas y cabilderos para proteger ese algo inmaterial, difícil de definir, pero que les brinda a los ciudadanos confianza en que es el lugar para resolver sus conflictos en derecho y no por fuerza o por dinero. Sin embargo, no pueden sino crecer la desconfianza que se puede tener sobre el aparato judicial situaciones como la que se presentan con el magistrado Jorge Pretelt, que se suman a otras tantas de personajes de baja factura que se apoderaron de sus magistraturas y las usaron para sacar provecho de ellas o tener capacidad de influencia en la política.
La Cámara de Representantes acaba de acusar formalmente a este funcionario ante el Senado de la República para que este por primera vez haga uso de la declaratoria de indignidad que le cabe a quien se sospecha que cometió un delito o incurrió en conductas non sanctas y no merece continuar en su cargo. A pesar de ello, Pretelt, en lugar de dar un mensaje de compostura, ha decidido atornillarse en su puesto y esperar no solo la sanción, sino todo el proceso desde su oficina y manteniendo su función de decidir, cosa que no le hace nada bien a este poder público. Si bien tiene derecho a defenderse, a hacer uso de la contradicción y a valer la presunción de inocencia, lo mejor que podría hacer es dar un paso al costado, al menos retirarse del cargo mientras se resuelve de fondo su situación, pero ya nos están acostumbrando en Colombia los funcionarios que lo que debería ser norma es la excepción.
La dignidad de la justicia debe recuperarse y nada aporta a ese interés que quien está a punto de ser declarado indigno se mantenga como parte de ese aparato. Esto se da en momentos en que varias organizaciones, como Dejusticia, han advertido de que se están adelantando de manera poco transparente las convocatorias y procesos para la conformación de la estructura del Consejo de Gobierno Judicial que remplazará al Consejo Superior de la Judicatura. De nada sirvió una Reforma al Equilibrio de Poderes, que tuvo rango constitucional, si no se hizo para por lo menos ganar en transparencia. Si se actúa en forma solapada es porque aún hay intereses de mantener personajes como a Pretelt y otros más de su misma indignidad en esos puestos. Es decir, haber cambiado para seguir igual.
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