La cola de los alcaldes

Está a punto de cumplirse el primer semestre desde que llegaron los nuevos mandatarios a sus cargos y a muchos de los que dejaron la administración de sus municipios les está costando olvidarse de ellos, pues apenas empiezan a caminar las investigaciones que adelantan la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía contra algunos, tal como lo registró LA PATRIA el pasado domingo en un informe titulado “Exalcaldes siguen con líos legales”. Lo que pretendemos con estos informes, que seguiremos reportando cada tanto, es mantener informada a la opinión pública de la situación jurídica de quienes estuvieron o están al frente del poder en Caldas.
 

Ya en enero pasado habíamos presentado un informe en este mismo sentido y desde entonces se nota cómo son muy pocos los avances, ratificándose la parsimonia que acompaña a nuestras instituciones investigativas. Por ejemplo, la Procuraduría sancionó a ocho exmandatarios con medidas que van desde una simple amonestación hasta inhabilidad para ocupar cargos públicos, pasando por multas y suspensiones, en la mayoría de personas que ya no ocupan sus cargos, por lo que en ocasiones tales decisiones terminan siendo simplemente simbólicas o con efectos para el futuro, pero no resultan ser una sanción ejemplar como puede ser si se diera al momento de que todavía ocupan la calidad de mandatarios. Y en ocasiones se da la primera instancia, pero se duermen en los laureles con la segunda.

La Fiscalía, por su parte, dio cuenta de 19 mandatarios investigados, uno más que en enero, y además se aumentaron los delitos investigados, tres más, teniendo en sus expedientes 69 posibles conductas punibles en ciernes. Ha hecho carrera aquello de que una investigación no se le niega a nadie y para quienes ocupan cargos de dirección o de manejo presupuestal se ha vuelto común que terminen en los estrados judiciales, pero sí convendría mucho que se adelantaran de forma más expedita los procesos, teniendo en cuenta que muchas personas quedan en entredicho, cuando pueden demostrar su inocencia. Es necesario que los encargados desde el ente acusador de promover tales procesos actúen con prontitud en pro de una cumplida justicia.

Es increíble que algunos de los nuevos mandatarios ya tengan expedientes abiertos en su contra y más por razones de su cargo actual. No obstante, algunos están subjudices por hechos acaecidos en el pasado cuando ocuparon otros cargos. Con estos sí que se requiere que se avance, pues la comunidad debe tener certeza sobre las actuaciones de quienes la gobiernan. Ojalá los mandatarios actuales asuman con total claridad su defensa y puedan demostrar su inocencia, porque de lo contrario ponen a sus municipios en situaciones de interinidad y de falta de claridad institucional que ocasionan mayores problemas, tal como le sucedió a La Dorada en el gobierno pasado, con varios mandatarios en los cuatro años, todos ellos investigados, o al Departamento de Caldas, que se quedó sin titular en los últimos meses de Gobierno.

Queremos insistir en que ser investigado no es sinónimo de culpabilidad y que se deben terminar los procesos para conocer a ciencia cierta qué sucedió en cada caso, además es muy distinto un proceso por un error administrativo que por un peculado o por aliarse con un grupo delincuencial. Se les debe respetar el derecho a la defensa y al debido proceso a todos los investigados, pero también, por tratarse de personajes que tuvieron o tienen a su cargo la función más importante, es por lo que estamos convencidos de que los ciudadanos tienen derecho a conocer qué pasa en cada uno de sus casos, también si estos se han archivado o si, por el contrario, se han dado nuevos hallazgos. Esto permite a la ciudadanía conocer de primera mano la verdad sobre el estado de las investigaciones y dejar de lado las consejas de café.