La alta tensión en Venezuela

Los enfrentamientos entre los chavistas que respaldan al presidente Nicolás Maduro y las mayorías en la Asamblea Nacional que representan a la oposición, en Venezuela, toman cada día un matiz más preocupante. Todo se agudizó con la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que invalida la Ley de Amnistía y Reconciliación que los diputados habían aprobado para los presos políticos, por supuesta inconstitucionalidad. La norma ya había sido vetada por el mandatario. Se evidencia así que el chavismo sigue haciendo uso de sus herramientas hegemónicas para bloquear cualquier intento de acelerar cambios en ese país.

La tensión sube, además, porque ya comenzó la recolección de firmas para iniciar un proceso revocatorio en contra de Maduro y, para el próximo martes se anuncia una gran movilización para exigir que las iniciativas de los opositores que son aprobadas en la Asamblea no sigan siendo bloqueadas por los demás poderes públicos. Sin embargo, el mayor riesgo es que entre los mismos chavistas, preocupados por la fragilidad del gobierno de Maduro, comienza a verse una puja para preparar la rotación del mandato y la asunción de un líder más fuerte, seguramente proveniente de los cuarteles, según lo aseguró ayer el diario Nuevo Herald de Miami.

Mientras los mismos chavistas piensan en una eventual acción de hecho para mantener el poder en cabeza de ese movimiento, desde la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que agrupa a los partidos opositores, se insiste en una solución constitucional que permita dar un viraje hacia un modelo democrático. Se trata de un camino complejo, por la lucha desigual que se está dando, pero la persistencia en las acciones legales es el sendero adecuado. Los esfuerzos deberán concentrarse ahora, sin embargo, ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), para lograr que avance el proceso de revocatoria. Se tendrán que recoger más de 4 millones de firmas para poder impulsar la iniciativa.

Para dilatar la posibilidad de su salida, Maduro también ha armado su estrategia, y para ello creó una Comisión de la Verdad por la paz y la justicia, con el supuesto objetivo de esclarecer los hechos por los que 78 opositores políticos, como Leopoldo López, terminaron en prisión. Esta iniciativa sería coordinada por Unasur en cabeza de Ernesto Samper, y en ella participarían los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero (España), Martín Torrijos (Panamá) y Leonel Fernández (República Dominicana). Los opositores han sido enfáticos en que no participarán en esta comisión, y fijaron como condición que este año haya nuevas elecciones a la Presidencia.

El conflicto venezolano, además, comienza a internacionalizarse, al punto de que la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de España aprobó ayer una proposición que denuncia la presencia de presos políticos en Venezuela, “incompatible con la existencia de un régimen democrático”. La coyuntura tiene raíz en las denuncias acerca de la financiación que los chavistas habrían hecho al movimiento Podemos, en el país ibérico, el mismo que se ha vuelto la piedra en el zapato para la conformación de gobierno, al perder el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) las mayorías que les permitían lograrlo.

Todo esto se da en medio de una cada vez más difícil situación económica, que tiene la inflación por los cielos, una economía en caída libre y una crisis energética de gran magnitud que llevó al gobierno de Maduro a decidir que solo se trabaje en las oficinas estatales de lunes a jueves. Hay un caos económico al que no se le ve salida y que es responsable de la escasez de alimentos y medicinas, que obligan a interminables filas que no siempre terminan con éxito y a que los pacientes de enfermedades crónicas como cáncer, diabetes, sida e hipertensión estén disparando las cifras de mortalidad.