Lo que viene ocurriendo en Venezuela demuestra que allí queda muy poco de democracia, y hace prever que para las elecciones del próximo 6 de diciembre el régimen chavista hará todo lo que sea necesario con tal de no perder las mayorías en la Asamblea Nacional y mantener el manejo total del Estado. De acuerdo con encuestas, el oficialismo tiene en riesgo el manejo futuro de esa corporación, por lo que busca desesperado aplicar estrategias que frenen el avance de la oposición.
En lo que tiene que ver con Colombia, la ampliación del estado de excepción en la frontera (2.219 kilómetros), hasta la parte más sureña de ese país, para completar 24 localidades con estas restricciones, demuestra que la idea del presidente Nicolás Maduro es generar un caos previo a las elecciones, que le permita tomar medidas extremas y poner un velo sobre las manipulaciones que tratará de imponer en las próximas semanas. La delicada situación humanitaria en la frontera continúa, a nuestro país se le quiere echar la culpa de que los problemas de contrabando y narcotráfico continúan, y Venezuela no reconoce su cuota de responsabilidad en ese problema.
Una evidencia clara del espíritu dictatorial del régimen en ese país corresponde a las denuncias del exfiscal Franklin Nieves, quien aseguró en los Estados Unidos que fue obligado a acusar con pruebas falsas al opositor Leopoldo López, a quien considera inocente. “Lo pusieron preso porque temen su liderazgo”, expresó en CNN, y agregó que los principales responsables de ese abuso son Maduro y el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Lo más lamentable es que López tendrá que pasar cerca de 14 años en la cárcel de manera injusta.
Por todos estos evidentes abusos un grupo de expresidentes de varios países de América Latina (Felipe Calderón -México-, Jorge Quiroga -Bolivia-, Ricardo Lagos -Chile-, Laura Chinchilla -Costa Rica-, Alejandro Toledo -Perú- y el colombiano Andrés Pastrana) exigieron la liberación del líder opositor y propusieron conformar una misión de observación de las elecciones del próximo 6 de diciembre, para garantizar la defensa de la democracia en Venezuela y en todo el continente. Como están las cosas, eso es más que necesario.
Como si fueran pocos los abusos que viene cometiendo el gobierno de Maduro, ahora Lorenzo Mendoza, dueño de la empresa de alimentos Polar, es acusado de traicionar a su patria por el único hecho de haber conversado con Ricardo Hausmann, director del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard y exministro venezolano de Planificación en 1992 y 1993, acerca de cómo ayudar a recuperar la decaída economía de su país. Lo peor es que la acusación está basada en una escucha ilegal, lo que sí debería ser considerado delictuoso.
Así, pues, las violaciones a los derechos humanos en Venezuela son pan de cada día, y por lo visto ese panorama podría enrarecerse aún más en los días que vienen, sin que el mundo haya reaccionado con la energía suficiente para condenar esos atropellos. Por eso, es paradójico que ayer ese país haya entrado a ser miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El gobierno del vecino país es una expresión evidente del totalitarismo, disfrazado de democracia, en la que el populismo en sus niveles más extremos busca aferrarse como sea al poder, haciendo que cada vez sea mayor el padecimiento de millones de venezolanos que ven cómo se desmorona la prosperidad del pasado.
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