El Gobierno ha insistido en que el centro del proceso de paz son las víctimas. Por eso la llegada de estas, tanto como tema como parte, al proceso de paz que se adelanta en La Habana con las Farc debe tener objetivos claros: la reivindicación de sus derechos, el compromiso a ser resarcidas y, por supuesto, a recibir toda la verdad. No es tarea fácil, en un proceso que tiene como pilar fundamental la confidencialidad de las partes, pero el escenario se tiene que abrir para que se logre escuchar su voz, asunto que debe tener en cuenta a todas aquellas que han sufrido las atrocidades de las Farc. Que son muchas más las víctimas en el país, por supuesto, pero en esta negociación se tiene que tratar sobre aquellas a las que este grupo ha causado tanto daño y no se puede desviar la atención en meter a todas las víctimas en el mismo saco. Cada cosa a su debido tiempo.
En un país de víctimas como lo es Colombia es natural que surjan diferentes organizaciones para liderar o asumir la vocería, pero no se puede creer que una voz las va a recoger a todas. Aquí quienes han sufrido el rigor de la guerra y de los excesos de esta agrupación guerrillera son de diferente tipo. Hay dolientes de asesinados y desaparecidos, hay secuestrados, hay personas que perdieron sus propiedades, también desplazados y otra cantidad que hacen muy difícil que se pueda resumir en un solo aspecto, pero hay que intentarlo con una representación amplia, “plural y equilibrada”, tal como lo señalaron Farc y Gobierno cuando dieron cuenta de que iban a abordar este punto.
En el comunicado que dieron a conocer hace un mes de manera conjunta se incluyeron parámetros claros sobre 10 puntos que deben ser tenidos en cuenta en la retoma de los diálogos hoy, sobre este quinto tema de la agenda. Destaca el escrito que no se intercambiarán impunidades, asunto altamente importante, cuando se partió del famoso y muy distante “quizás, quizás, quizás”. Que las Farc consideren y permitan expresarlo por escrito es reconocer la responsabilidad que tienen sobre la tragedia colombiana. Además advierten también que los derechos de las víctimas no son negociables, es decir, deberán ser tratadas con total aprecio por la ley y en busca de ayudar en lo que se pueda para que la verdad y la reparación les ayuden a soportar el daño causado.
Una buena manera de empezar a hacerlo es por los lugares en donde el postconflicto es una realidad, como Caldas, en cuanto no hay grupos combatientes de manera permanente en la zona desde hace varios años, pero lejos de traducirse en escenario del desarrollo. Es necesario que se inviertan recursos suficientes para poder devolver la dignidad a los campesinos en las regiones que padecieron de manera tan intensa el conflicto entre la última década del siglo pasado y la primera de este. Así que sería muy importante que se empezaran a ver hechos no solo en el pago de indemnizaciones personales, sino en la inversión en desarrollo, para poder que se empiece a creer en que realmente una salida negociada al conflicto puede traer mejores dividendos y calidad de vida a los pobladores. Caldas está lista para ser el laboratorio de este proceso.
No obstante, sabemos que para eso se requieren importantes recursos. De ahí que la comunidad internacional, tan preocupada por el orden público en Colombia y por el conflicto armado que padecemos, esperamos que no sea inferior a su responsabilidad y ayude en dinero, asistencia técnica, inversiones para desarrollar esa especie de Plan Colombia o Marshall o como lo queramos llamar que permita consolidar la paz, lo que solo se consigue de esta manera y no solo firmando papeles de buenas intenciones y dejando las armas. La consolidación de la paz solo será posible con oportunidades. Los diálogos se reinician la otra semana.
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