En el terreno de los indígenas

La Corte Constitucional le ordenó al Ejército Nacional devolver a los indígenas Jiw o guayaberos seis hectáreas que hoy son ocupadas por la Escuela de Fuerzas Especiales e Infantería de marina en Barrancón (Guaviare) y que eran motivo de disputa de linderos desde hace varios años. No hay nada que discutir en torno a la propiedad. Si se estableció jurídicamente que esta pertenece a ese resguardo, los militares deben acatar el mandato judicial y proceder a desalojar el territorio tal como se les ordenó.

Tanto el Ministerio de Defensa como el comandante de las Fuerzas Militares han establecido la posibilidad de seguir discutiendo la decisión e incluso han ofrecido la posibilidad de hacer algún tipo de intercambio territorial en la misma zona con el resguardo con el fin de no tener que tumbar la infraestructura que deben trasladar a los terrenos que sí están definidos como sus predios. Esto ya será materia de negociación entre las partes, pero corresponderá necesariamente a los Jiw determinar si eso les interesa o no, y al Ejército acatarlo.

Más allá de la decisión, sí hay que llamar la atención de la Corte Constitucional por la falta de claridad al dar a conocer el fallo, pues con la poca información entregada inicialmente se interpretó que no podía haber presencia militar en los resguardos indígenas del país o al menos en Guaviare y Meta y se demoró varias horas en salir a aclarar la determinación. En un momento de tensión entre el Estado colombiano y autoridades indígenas, después de los hechos ocurridos en el Cauca y suficientemente discutidos, se debe tener mucho cuidado con el manejo de la información que entreguen organismos como este.

Solo en la noche del pasado jueves un comunicado vino a aclarar de qué se trataba y que en ningún caso implicaba que no podía haber fuerzas armadas en los resguardos, además reiteró que se trataba simplemente de las seis hectáreas en donde se identificaron 19 construcciones superpuestas con el territorio indígena, de las cuales siete son permanentes. En la misma aclaración se advirtió que la seguridad nacional no se verá comprometida con esa decisión, como sí están amenazados los indígenas Jiw de Barrancón.

Es también importante tener en cuenta el llamado de atención sobre la situación que viven estos compatriotas del sur del país, asediados por la guerra. Tanto en Meta como en Guaviare la Corte Constitucional advierte de la amenaza de que pueblos como los Jiw o los Nükak están en grave peligro de ser exterminados tanto física como culturalmente. A estos se suman otros a lo largo y ancho del país, lo que hace necesario que los diálogos que ha propuesto la mesa de concertación de pueblos indígenas se activen y dinamicen, pues estos deben ser los temas principales. No puede ser que en estos tiempos se sigan extinguiendo pueblos indígenas en nuestro país.

La decisión sobre lo ocurrido en el resguardo Guayabero debe servir para sembrar una reflexión en Colombia en torno a que no puede haber terrenos vedados para ejercer la soberanía. Desgraciadamente, la guerra obliga a que esa soberanía se tenga que reclamar en muchos casos con la presencia militar, sobre todo cuando los grupos armados se aprovechan de esos territorios para mimetizarse y evadir a las tropas. No obstante, es importante que también se haga presencia institucional, que haya acompañamiento suficiente para los pueblos indígenas. A eso se refiere el fallo de la Corte y así debe entenderse y acatarse.