Elecciones en medio de escándalo

Cerca de 7,5 millones de guatemaltecos pueden salir hoy a votar para elegir a los nuevos presidente y vicepresidente del país para el periodo 2016-2020. Al mismo tiempo podrán escoger a 158 diputados, 20 legisladores al Parlamento Centroamericano y a los miembros de 338 corporaciones municipales. La jornada democrática se vivirá en medio del escándalo causado por el encarcelamiento del ya expresidente Otto Pérez Molina, acusado de liderar una operación de corrupción aduanera conocida como La Línea. Es triste que esto ocurra en un país que desde 1985 goza de democracia y que está entre los 10 más pobres del mundo (solo el 25% de la población tiene, al menos, lo necesario). 
En remplazo de Pérez Molina toma las riendas el anterior vicepresidente Alejandro Maldonado, quien ahora deberá sortear las presiones de movimientos campesinos e indígenas que vienen realizando plantones en Ciudad de Guatemala y en otras regiones del país para manifestar su descontento con los candidatos que pretenden llegar al primer cargo de la Nación, y por considerar que los comicios no deberían celebrarse estando tan fresca la vergonzosa salida de quien era el Jefe de Estado. 
El abogado y empresario Manuel Baldizón (Libertad Democrática Renovada, derecha) y la primera dama durante el gobierno de Álvaro Colom, Sandra Torres (Unión Nacional de la Esperanza, socialdemócrata), se erigen como los más seguros aspirantes a pasar a segunda vuelta, la cual se llevaría a cabo el 25 de octubre. También podría filtrarse en la punta el comediante Jimmy Morales (Frente de Convergencia Nacional, derecha), a quien incluso algunas encuestas lo muestran en la cabeza. Frente a estos aspirantes, y ante los hechos recientes, los guatemaltecos tienen el reto de dar un paso decisivo de cambio en la política de su país, así sea bajo la lógica del mal menor.   
El complejo caso de Pérez Molina comenzó a destaparse en abril pasado, cuando la Fiscalía de Guatemala y la Comisión Internacional contra la Impunidad comenzaron a investigar una supuesta red de defraudación que operaba en las aduanas del país. En efecto dominó fueron cayendo funcionarios públicos, hasta completar 158, incluyendo a la exvicepresidenta Roxana Balderti, quien fue capturada el pasado 21 de agosto. En menos de dos semanas se le vino encima el mundo a Pérez Molina, quien optó por renunciar a la Presidencia y presentarse ante la Fiscalía, después de perder su inmunidad y de ser emitida una orden de captura en su contra. 
Sobre este caso es necesario destacar que los movimientos sociales fueron fundamentales para que los hechos tuvieran los desenlaces que hoy se conocen, además de la labor del exmagistrado colombiano Iván Velásquez, quien ha liderado una comisión contra la impunidad en Guatemala. La acción del pueblo que se cansó de la corrupción y que exigió que salieran del Gobierno los que resultaron implicados en el escándalo, sirvió para que no quedaran más salidas que las del juicio a los presuntos culpables, y la acción de las instituciones judiciales y legislativas demostró total independencia del Ejecutivo, así como determinación para acabar con ese flagelo. 

De ahora en adelante también está el desafío de que los funcionarios públicos sigan siendo esculcados para prevenir delitos como los anotados. Los elegidos este domingo tienen que ser conscientes de que la situación de Pérez Molina pone en la mira a toda la clase política y que no deberán permitir que se manchen sus hojas de vida si no quieren terminar en la cárcel. El ejemplo de Guatemala debería ser tomado por los demás países de América Latina, donde a veces los pueblos se quedan pasivos mientras los que gobiernan hacen fiestas con los recursos públicos.