El voraz apetito de Nicaragua

La semana pasada se llevó a cabo la etapa de las excepciones preliminares relacionadas con las dos nuevas demandas que Nicaragua presentó contra Colombia, con el objetivo de quitarle todo a nuestro país en la zona del Archipiélago de San Andrés y Providencia. Hay que recordar que el 19 de noviembre del 2012 la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió un polémico fallo, con el que Colombia fue despojado de cerca de 75 mil kilómetros cuadrados de mar, lo que no resultó suficiente para el gobierno de Daniel Ortega. De acuerdo con la Corte Constitucional colombiana, para poder darle cumplimiento a ese dictamen, es necesario un nuevo tratado bilateral con Nicaragua. 
La determinación colombiana se basa en la teoría según la cual esa corte, con sede en La Haya (Holanda) no tiene competencia para conocer acerca de este caso, menos ahora que Colombia no hace parte del Pacto de Bogotá. Ese fue el argumento principal que presentó el gobierno de Juan Manuel Santos ante ese tribunal, para frenar el apetito voraz de Nicaragua, que despliega una clara actitud expansionista que debería ser frenada de una vez por todas. La CIJ, en unos seis meses, tendrá que pronunciarse para aceptar o no los reparos de la delegación colombiana acerca de su competencia. 
Nicaragua, de todos modos, insiste en exigir una plataforma continental alargada de 200 millas náuticas, lo que cambiaría totalmente el mapa del Caribe. Lo cierto del caso es que la teoría que siempre manejamos los colombianos de que el límite entre los dos países era el meridiano 82 quedó en el limbo y que eso, además de que dejó a varios cayos colombianos enclavados en mar nicaragüense, le ha permitido a ese país entrar en aguas que antes eran exclusivas de Colombia, y no solo llevar a cabo labores de pesca que vienen perjudicando a los sanandresanos, sino que hasta ha entregado algunas zonas en altamar para la exploración de hidrocarburos, con lo que se afecta ambientalmente esta porción de océano. 
El mundo entero debe estar muy vigilante del manejo que se le da a esta importante reserva marítima, considerada entre las más ricas del planeta. No puede permitirse que Nicaragua abuse de ese camino que le abrió la Corte de La Haya para que haga lo que quiera en esa zona del Caribe, sin importarle las consecuencias ambientales. Nuestra Armada también debe seguir al tanto de lo que allí pasa, sobre todo en labores de acompañamiento a nuestros pescadores, quienes ejecutan prácticas que son amigables con el ecosistema, a la vez que denunciando a los que usan métodos de pesca que están prohibidos. 
Ahora bien, Colombia debe mantenerse en la posición de buscar acuerdos por la vía diplomática, sin dejarse provocar por posibles amenazas desde el gobierno de Managua. A los nicaragüenses hay que hacerles entender que estamos abiertos a dialogar, pero sin conceder más allá de lo que pudo haber determinado la CIJ en su primer fallo que, de todos modos, tiene vacíos que no le permiten a Nicaragua declararse como vencedora en el litigio. Lo mejor para todos sería que, en un pronunciamiento de fondo, ese tribunal internacional determine dar por terminado el conflicto para siempre, de tal forma que solo haya posibilidades de un acuerdo bilateral. 

Quedamos, pues, a la expectativa de lo que pueda ocurrir con las últimas diligencias judiciales en ese aspecto. Nos parece que la defensa de Colombia acierta al manifestar que la CIJ no es competente en las nuevas demandas que presentó Nicaragua, y que se le poner el cerrojo a los deseos insaciables del gobierno de Ortega de quitarnos el archipiélago.