El Marco Legal ¿para la paz?

Y la aplanadora legislativa del Gobierno pasó sin mayores cambios la reforma constitucional que crea el llamado Marco Legal para la Paz con lo que se abre una puerta permanente para que se pueda negociar con grupos armados ilegales, aunque muchos seguimos pensando que esto no debería darse a través de la modificación de la norma de normas, sino que pudo haberse hecho a través de una ley, incluso de alcance estatutario, como la que se tendrá que aprobar en la próxima legislatura para poder desarrollar lo planteado en la Carta magna.

Deja muchas dudas la insistencia del Gobierno nacional en esta reforma, a pesar de que con ello abrió grietas en la llamada Unidad Nacional. De los proyectos presentados por la Presidencia ha sido de los más cuestionados y criticados, pues por la manera en que actuó el gabinete muchos han insinuado que se buscaba responder a algún tipo de exigencia de espaldas al país, aunque hasta el momento no se ha hecho público ningún acercamiento con grupos al margen de la ley, asunto que el Ministerio del Interior niega de manera contundente y al que debemos creerle.

Seguimos pensando que con la aprobación de este acto legislativo se abrió una puerta a la impunidad, así a tiempo en la ley se haya logrado excluir de beneficios a quienes hubieran cometido delitos de lesa humanidad o genocidio. Hay que recordar que el proceso de Justicia y Paz que adelantó el Gobierno pasado con los grupos paramilitares fue muy cuestionado por organismos internacionales de derechos humanos y por muchos de quienes hoy aprobaron el Marco Legal, a pesar de que allí se mantuvo algo de justicia, en busca de reparación y verdad. En esta oportunidad habría sido bueno que por derecho a la igualdad se hubieran mantenido esos estándares mínimos que, por ejemplo, a las Farc no les han interesado. Esperemos que en la ley se corrija, precise y advierta esto.

También a tiempo, se cerró la posibilidad de que se negocie con quienes tienen secuestrados en su poder o continúen con el reclutamiento de menores, lo que ayuda a precisar algunas cuestiones, pero será bastante difícil entonces contar con postulados para acogerse a esta norma, cuando en las agrupaciones ilegales estas prácticas están tan arraigadas, haciendo caso omiso a los llamados y advertencias de la comunidad internacional. Otra salvedad importante es que no cobijará a quienes vuelvan a delinquir o a grupos que no hagan parte del conflicto armado en Colombia. Algunos consideran que esto no es suficiente y que se pueden colar narcotraficantes como pasó con Justicia y Paz.

A pesar de las críticas de los militares que consideran que ellos no deben beneficiarse con este tipo de normas porque representan al Estado, sí resulta interesante que se haya abierto la posibilidad para que se acojan al marco legal quienes hayan cometido faltas en acciones dentro del conflicto interno armado. Lo ideal sería que esto no se tuviera que aplicar, pero en una violencia que ha superado todos los límites de irracionalidad como la colombiana, bien vale la pena que se prevea esto para que no se repitan en el futuro desbalances como los que suceden hoy cuando se juzgan las acciones del “holocausto” del Palacio de Justicia.

Es importante que haya una norma de largo aliento que determine reglas de juego claras y se deje de legislar a demanda, pero no creemos que se tuviera que modificar la Constitución y nos parece que Justicia y Paz había logrado ajustarse a unos mínimos exigibles para quienes decidieran acogerse a la vida civil y por ese gesto compensarlos con algo de impunidad, pero no toda, a cambio de una buena reparación y de total verdad. Ya habrá tiempo para seguir debatiendo estos asuntos para que esos yerros se puedan corregir en la Ley.