Los impuestos son la forma moderna en la que los estados les exigen una contribución a los particulares para atender las cargas públicas, es decir con el fin de financiar los gastos de la Nación, que no se puedan ejecutar con otros recursos. Es una de las mejores expresiones de responsabilidad colectiva, de solidaridad pública, pues los que deben pagar lo hacen para que se puedan hacer obras para todos los gobernados, con lo cual se logra cumplir con lo que el francés Juan Jacobo Rousseau definió en 1762 como el Contrato Social. Por eso, el desmantelamiento de una red de funcionarios de la DIAN, dedicada a desfalcar las arcas y a permitir el blanqueamiento de divisas debe ser abordado con toda la responsabilidad que el asunto exige.
El propio director del organismo, Juan Ricardo Ortega, calcula en unos dos billones de pesos el desfalco del grupo de 19 funcionarios capturado la semana pasada, de acuerdo con una entrevista concedida el fin de semana al diario El Espectador. Se trata de personas que llevan más de dos décadas en la institución, en muchos casos, y que tenían un modus operandi suficientemente ensayado desde por lo menos el 2004, cuando se crean los sistemas que permiten la devolución del IVA. A ellos, que les caiga todo el peso de la ley, pero que sigan las indagaciones para que se pueda avanzar hasta los autores intelectuales de estos delitos continuados que generan pérdida de confianza en una institución que debe ser la que más credibilidad genere entre los colombianos.
Si miramos hacia atrás fue precisamente hace poco más de 20 años que se promovieron los grandes cambios en la DIAN, se modernizaron los sistemas, se liquidaron los contratos de sus empleados veteranos de entonces para darles paso a los nuevos tiempos. Es decir, que bien pudo haber sido la puerta de entrada al enquistamiento de corruptos que llegaron para montar sus negocios particulares, beneficiando a contrabandistas, narcotraficantes y lavadores en general. Las investigaciones deben escalar en el tiempo y encontrar el origen de esta corruptela, pues si se trata de personas de tanto tiempo, seguramente los tentáculos llegaron a otras dependencias y el país necesita saberlo.
La devolución ficticia del Impuesto al Valor Agregado y maniobras para legalizar mercancías que entraban de contrabando al país, así como las falsas exportaciones, sobre todo entre el 2004 y el 2008, parecen haber sido los mecanismos preferidos para torcer las cosas y desfalcar al Estado. Es así como se llegó a calcular en 3 millones de dólares las devoluciones, cuando ahora se han reducido casi al 10 por ciento de esa cantidad. Por eso resulta necesario que en las pesquisas que se hagan se llegue hasta los patrimonios de los empleados de la DIAN y de sus familiares o personas cercanas con el fin de desentrañar el enriquecimiento ilícito que se generó con tanta podredumbre, así como a las personas que les pagaron para cometer esos fraudes.
Advierte el director de la DIAN que es común en Colombia el lavado de dinero a través del mercado del oro, del cuero, en el sector ganadero, así como en la comercialización de ciertos aceites, pero que precisamente identificarlos y emprender acciones para corregir esto ha permitido que en solo este año se haya crecido el 30 por ciento en recaudo del IVA. Por todo esto es que es necesario devolverle la confianza a esta dependencia, lo cual empieza por cosas como las que se están haciendo, en donde el propio Ortega ha asumido las riendas de la situación, ha intervenido con medidas y con el anuncio de un programa que permita crear la carrera administrativa para que lleguen personas tras una selección rigurosa, pues la mayor recaudadora de recursos para el bienestar del país amerita tener a los mejores en sus filas para que los contribuyentes paguen con confianza sus tributos.
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