Se hizo famoso el coronel Alfonso Plazas Vega porque a la pregunta de qué estaban haciendo los militares con esa cantidad de fuerza demostrada para recuperar el Palacio de Justicia en 1985, después de la toma del grupo guerrillero M-19, respondió de manera vehemente: “defender la democracia, maestro”. Esto lo hizo el más visible de los oficiales que estuvieron al frente de los operativos de esta acción que se desarrolló, como ya lo concluyeron todos los informes elaborados sobre la materia, con exceso, sin cuidado por las víctimas y a sangre y fuego.
Hace apenas poco más de un mes se recordaba esta tragedia de las tantas que han ocurrido en Colombia y el país se daba golpes de pecho porque hayan pasado 30 años y aún hoy se esté sin definir los procesos y las responsabilidades, lo que ocasiona, como es natural en estos casos, que el paso del tiempo sea un enemigo de las pruebas, que le juegue malas pasadas a la memoria de accionantes y accionados, que fallezcan protagonistas clave que pudieron haber ayudado a responder parte de los dilemas y preguntas que han quedado planteadas.
Que a estas alturas se reconozcan errores en la identificación de los cuerpos, que se llame a funcionarios del Gobierno de Belisario Betancur y al M-19 a rendir versiones ante la justicia deja a veces la sensación que se hace más con ánimo de calmar las preguntas mediáticas que para resolver de una vez por todas la verdad de lo acaecido y que condujo a la muerte a un centenar de personas, entre ellas casi todos los integrantes del grupo subversivo del que solo quedó una sobreviviente, y 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Es precisamente ahora la Corte actual la que considera que no hay pruebas para condenar al coronel Plazas Vega, que llevaba ocho años detenido, por el delito de desaparición forzada, por el caso concreto de dos personas, una guerrillera y un empleado de la cafetería, de las ochos que se encontraban allí y que fallecieron o desaparecieron, a pesar de que de acuerdo con todos los testimonios de la época este fue un espacio de los que menos sufrió en la confrontación, lo que daría a entender que quienes laboraban allí tuvieron que haber sido movidos hacia lugares en donde esa batalla se libró tan fuerte, sea por el M-19 o sea por las fuerzas del Estado.
Este fallo no fue fácil. Estuvo dividido y ganó la absolución. Por eso es evidente que cause malestar en quienes buscan justicia por lo sucedido, un exabrupto del grupo guerrillero al tomarse el Palacio de Justicia y único responsable de ello y un exceso evidente en el intento de restablecer el orden para obtener una victoria pírrica, pues se salvó la democracia, maestro, pero a un costo que aún nos lamentamos de pagar. Esa combinación llevó a los resultados ya conocidos por todos. Edmond Locard se encargó de sentenciar: “El tiempo que pasa es la verdad que huye”, y eso es lo que sucede en procesos complejos como este, en los que, después de tantos años, se hace más difícil atar los cabos y quienes perdieron allí a sus familiares ven más difícil que se pueda concretar justicia. Y sin justicia es muy difícil defender la democracia. Es una lección para el acuerdo que se intenta construir en La Habana con las Farc.
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