El Catatumbo y el proceso de paz

Cerca de 40 días completan los bloqueos y protestas de los campesinos de esa zona nororiental de Colombia llamada Catatumbo, en donde se encuentran estancados los acuerdos pese a los numerosos ofrecimientos que ha hecho el Gobierno Nacional. Altos funcionarios, como el ministro del Interior, Fernando Carrillo, han considerado que estamos frente a un callejón sin salida, debido a la inflexibilidad de los promotores de la protesta, así tengan razón en muchas de sus peticiones.

Es frustrante que, pese a las reuniones que se realizan desde hace cinco semanas entre funcionarios de diferentes niveles del Ejecutivo y los manifestantes, en lugar de avanzar se observen retrocesos y que haya una amplia comunidad perjudicada, debido a que los bloqueos de las vías no han dejado ingresar alimentos y demás artículos de primera necesidad. Es comprensible que el Gobierno, para darles luz verde a la reserva campesina y a los subsidios para la erradicación de cultivos ilícitos, exija el despeje de las carreteras.

El pasado lunes, cuando el vicepresidente, Angelino Garzón, tomó la vocería oficial y se dispuso a encontrar salidas viables al conflicto, se pensó que el camino de las soluciones estaba cerca y que muy pronto la región volvería a la normalidad, pero la realidad es que Garzón, quien se ha caracterizado por ser exigente con el Gobierno en temas sociales terminó levantándose de la mesa al ver que la contraparte tiene pretensiones que resultan imposibles de cumplir.

Cada vez hay más señales de que esa intransigencia es producto de las presiones que reciben algunos líderes del paro provenientes de La Habana, desde donde las Farc parecen interesadas en mantener el desorden en Colombia mientras dialogan en Cuba con el Gobierno. Muy peligrosa esta actitud, pues el propio proceso de los diálogos de paz estaría en peligro si se siguen radicalizando las posiciones de uno y otro lado. Los movimientos sociales que legítimamente exponen sus peticiones al Gobierno no se pueden dejar llevar por fuerzas ilegítimas que solo buscan generar un ambiente de desestabilización e ingobernabilidad.

En estos momentos tan críticos, cuando la paciencia comienza a agotarse, y son muchos los ciudadanos afectados por la parálisis que se vive en esa región del Norte de Santander, es cuando más cabeza fría debe tenerse para llegar a conclusiones que sean favorables para todos. De otra manera, la situación podría llegar a agudizarse al punto de volver a caer en las confrontaciones, las cuales al comienzo del conflicto llevó a que con ligereza voceros de Naciones Unidas afirmaran que la Fuerza Pública estaba atropellando al campesinado.

Ahora bien, es verdad que militarizar la zona en forma excesiva, en lugar de ser provechoso podría terminar siendo contraproducente para el desenlace de la situación. Los campesinos deben entender, así mismo, que cuando más se radicalizan y los motivos iniciales de las protestas comienzan a desdibujarse, la reacción del Estado debe ser buscar soluciones que contemplan el uso de la fuerza como opción válida en casos extremos. Ojalá no se tenga que llegar a esto.

Nadie puede negar que el Gobierno mismo, por su actitud de esperar a que los problemas se le salgan de las manos, para después ceder más de lo que se debe, ha dado pie para que los inconformes bloqueen carreteras y lleguen a vías de hecho. Aunque tarde, el presidente Juan Manuel Santos y su gabinete han salido a pronunciarse acerca de que no hay plata y que no les temblará la mano si es necesario intervenir usando las fuerzas del Estado. Tenemos que insistir en que lo mejor sería dialogar, sin perjudicar a los civiles.

Lo primero que debe hacerse, sin duda, es levantar los actuales bloqueos y permitir que la tranquilidad regrese a la zona. Lo segundo es sentarse a conversar con una actitud generosa de ambas partes, donde el Ejecutivo pueda dar las soluciones que se han venido acumulando por décadas y los campesinos comiencen a gozar de los beneficios que vienen esperando por años. Si no es así, esto solo alimentará el fuego de las confrontaciones armadas ilegales.