El atentado no puede quedar impune

La investigación por el atentado que el pasado fin de semana sufrió el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en Caldas y más activo líder sindical de la región, Carlos Arturo Orozco, debe llegar a puerto, pues no puede darse pie a la impunidad con un hecho de semejante gravedad para la tranquilidad de la región y de quienes ejercen el liderazgo social y comunitario. Antes los atentados a grupos sindicales o líderes campesinos o indígenas era fácil adjudicarlos a cualquier agrupación armada, pero después de varios años de ausencia de estas estructuras en el centro del departamento bien vale la pena mirar de dónde pueden provenir esta clase de hechos.

Hay que celebrar que el esquema de protección funcionó y no hubo pérdida de vidas, pero lo que hay que mirar es que este atentado no debió ocurrir, y punto. Dirán que eso es pedir demasiado porque el terrorismo se agazapa y ataca desde donde menos se espera, pero es que había por lo menos tres advertencias de que esto podría suceder, tal como lo venían denunciando los sindicalistas ante cada nueva amenaza o hecho extraño a su alrededor. Por esta razón se hace necesario que se actúe también con quienes no dieron importancia a estos hechos y no avanzaron como era debido en la investigación. Las amenazas en Colombia prácticamente nunca se investigan, a pesar de que en muchas ocasiones son el preludio de una tragedia segura.
No se puede olvidar el asesinato de Gabriel Ángel Cartagena y de varios indígenas más en Riosucio cuando se aprestaba a candidatizarse a la Alcaldía de ese municipio, proceso por el que ya fue condenado alias Alberto Guerrero y en el que se compulsaron copias para que se investigue la actuación del expresidente del Partido Liberal de Caldas Ferney Tapasco González. Tampoco el que terminó con la vida de Leonardo Ortiz en Aranzazu. También hay que recordar el atentado, afortunadamente fallido, contra el dirigente del MOIR Óscar Gutiérrez Reyes, ocurrido en la vía Manizales - Chinchiná, en circunstancias similares al cometido contra Orozco.

La violencia política asociada al corregimiento de Arauca (Palestina) debe preocupar a todos los caldenses y principalmente a las autoridades. El asesinato de líderes sociales, de concejales, de diputados durante por lo menos 20 años obliga a que se mire con detenimiento lo que allí está sucediendo y es un aviso para que los organismos de investigación, encabezados por la Fiscalía, se cuestionen por qué no atendieron con prontitud las denuncias de amenazas que venía haciendo la CUT, de las cuales supo todo mundo. De hecho LA PATRIA hizo eco de ellas, así como de las que se presentaron al comienzo de este año contra varios pobladores de esa localidad sobre el río Cauca, entre cuyas víctimas estaba el corregidor.

Las preguntas están claras: ¿a quién le molesta la presencia de la agrupación sindical en el corregimiento de Arauca? ¿Por qué no se investigaron a fondo y a tiempo las amenazas a la CUT? ¿Quién puede beneficiarse de la muerte de los sindicalistas? ¿Quiénes conocían del viaje que haría Orozco a ese corregimiento? ¿Por qué decidieron atacarlo en el camino y no a su llegada al lugar del encuentro, en donde sería más vulnerable? Esperamos las respuestas.

Las autoridades no pueden restarle importancia a este episodio. Debe llegarse a los responsables y no puede ser esta una simple frase retórica, debe haber compromisos serios. La Gobernación de Caldas, a través de su secretario de Gobierno, tiene que apersonarse de este tema y exigir a los organismos de investigación, a los policiales y a los judiciales, con un seguimiento permanente, resultados concretos contra quienes creen que los problemas ideológicos se solucionan eliminando a quienes piensan diferente. Esta no es la manera y Caldas no puede tolerarlo.