Vuelve la arremetida a la que nos tienen acostumbrados en temas de la justicia en Colombia. Aquí la legislación en materia judicial es por espasmos, por ciclos, por temporadas, de acuerdo con los fenómenos que se presenten, como se demuestra cada tanto en temas de política criminal y ahora, de nuevo, con la tutela, el mayor instrumento democrático que tienen los ciudadanos para hacer valer sus derechos. Si algo ha elevado los niveles de participación en nuestra democracia en los últimos 20 años es la puesta en funcionamiento de este útil mecanismo, que ha servido tanto, que muchos lo intentan para todo y esa es hoy su mayor amenaza.
La tutelitis que se presenta en el país ha motivado a algunos a pedir que le corten las alas a este recurso, pero son esas mismas personas que promueven tal regreso las que parecen no entender que restringir este amparo no es la solución, pues lo que la gente busca a través suyo es que se corrijan los errores que se presentan en el país. Ya sabemos que la mala atención en salud aporta por lo menos el 30 por ciento a la estadística de tutelas, a lo que se suman los desplantes para quienes tienen derecho a su pensión y fuera de eso el abuso de autoridades que se niegan a cumplir lo que la ley les ordena, que es lo que ha sucedido en el caso de los desplazados, de las víctimas y de tantos otros.
Son solo unos ejemplos, pero la situación es así de difícil. El que incumple es el Estado y no puede buscarse la manera de no cumplir reformando la tutela, que es la que brinda la oportunidad a los ciudadanos de poder sacudirse de la opresión natural que se siente de la burocracia, que conduce siempre al camino más complejo y a imponerse por la fuerza de la ley, así sea injusta, como en El proceso, de Kafka. La tutela es sustantiva en la Constitución de 1991, es la que permitió hacer tangible el Estado para el ciudadano de a pie, quien encontró en ella la mejor manera de ejercer su ciudadanía, cosa que antes se limitaba a elegir.
Por este motivo, en lugar de limitar el poder de la tutela se debe es pensar en que las tales tutelatones no la desgasten. Lo más lamentable de todo esto es que muchos de los enemigos de este poderoso instrumento se encuentran dentro de la misma rama judicial y, seguramente, en ello tiene que ver que la solución está en definir de una vez por todas que en cuestiones constitucionales la Corte es la superior jerárquica para así definir que sus decisiones sean tenidas en cuenta como precedente judicial, es decir, que no haya lugar a teorías rocambolescas para ser desacatadas por cualquier juez.
A esto se debe sumar la posibilidad de que siempre se puedan acumular los procesos, independiente de que sean varios los tuteladores, con lo que se ganaría mucho y permitiría que acciones masivas como las de DMG, la de Petro y otras se definan en un solo fallo, lo que serviría a todos. Estas son razones de peso, no limitar el alcance de la tutela. Lo otro es que también debe aplicarse sanciones a quienes incurran en abuso y pretendan por esta vía conseguir lo que les ha sido negado por la justicia ordinaria.
Sea pues la oportunidad para fortalecer la tutela, como lo han dicho ya varios tratadistas que han entrado a orientar en este tema y ojalá sirvan las reflexiones para entender de una vez por todas que un Estado social de Derecho tiene que esforzarse más en garantizar los mínimos fundamentales a los ciudadanos y no solo acordarse de ello cuando las tutelas así se lo señalan. Tenerlo claro sería suficiente para reducir el uso de este mecanismo a un mínimo.
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