Es evidente que el sistema político colombiano requiere fuertes ajustes, con los que se frenen los procesos de corrupción y el fomento del delito en los que han caído las elecciones en el país. Un punto fundamental de esas modificaciones que deben emprenderse es el de la financiación de las campañas, pues en el actual esquema no ganan los más preparados, ni los que tienen las ideas más ajustadas a las necesidades del país, sino los que más dinero pueden gastar.
El círculo vicioso en este sentido es que los que más recursos le invierten a una elección buscan por diversos medios recuperar los dineros usados en la búsqueda de ese objetivo, y el erario es la víctima de una rapiña voraz que se queda con una enorme tajada, cuando el destino de los recursos del Estado debería ser el cumplimiento de los proyectos que estén orientados a generar desarrollo para el país y a sacar de la pobreza a los colombianos con menos recursos económicos.
El pasado domingo publicamos en este diario un informe en el que se mostraron los gastos que fueron reportados por los distintos candidatos caldenses a la Cámara y el Senado. Allí se observan cifras que resultan abultadas en varios casos, y que en otros son bastante bajas. La preocupación principal es que voces expertas de la Corporación Transparencia por Colombia (CTC) manifiestan que cerca del 80% de los recursos usados en estas contiendas no son reportados por las campañas, razón por la cual queda flotando en el aire la inquietud acerca de dónde está el negocio de llegar al Congreso de la República, cuando a los ganadores solo se les reconocerán $4.726 por cada voto efectivo, hasta cubrir la cifra reportada.
Cuando se está en campaña para los principales cargos públicos de elección popular, uno observa el derroche de publicidad en las calles y en los medios, además de las fiestas y reuniones masivas en las que hay todo un festín de viandas y atenciones con el objetivo de conquistar votos. Y tales mecanismos, al parecer, resultan muy efectivos, ya que los que más gastan son los únicos que logran asegurar una curul en el Legislativo. Por lo menos eso fue lo que pasó en Caldas, si se toma en cuenta la información del portal web cuentasclaras.com.
En el caso del Senado las mayores inversiones fueron de los senadores repitentes Mauricio Lizcano, Luis Emilio Sierra y Jorge Enrique Robledo. Los tres lograron su objetivo de mantener su puesto en esa corporación. El nuevo allí, Carlos Felipe Mejía, del Centro Democrático, tuvo una inversión más modesta, pero es claro que su logro fue gracias a la capacidad de arrastre del número uno en la lista, el expresidente Álvaro Uribe.
En el caso de Robledo, llama la atención la cifra: $1.015 millones, casi el doble que Lizcano o Sierra. Queda la sensación de que se trata de una cifra sincera, pero igualmente elevada en exceso para una campaña. Ahora bien, el límite para cada partido, según las normas, es de $74 mil millones, y en el caso del Polo Democrático el gasto total habría estado muy por debajo de esa cifra, pero queda la duda de si ocurrió igual en otras colectividades que lograron mayor representación en el Congreso.
Por eso, como lo sugiere la Misión de Observación Electoral (MOE), debería implementarse en el país un sistema en el que el gasto de las campañas pueda seguirse en tiempo real, para que no haya plazo de ajustar las cifras a las necesidades del candidato, que parece ser lo que actualmente ocurre. Ahora que está recién sancionada la Ley de transparencia y acceso a la información pública, en la que también hay condiciones para los congresistas, ojalá que no se quede en letra muerta la obligación de mostrar declaraciones de rentas y publicar los ingresos de todo tipo, para que se tenga un avance, así sea leve, en las hoy cuestionables cuentas de las campañas políticas.
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