Corte a las pensiones exageradas

Llegó el momento de ponerle freno definitivo al abuso que se ha tenido en Colombia con las pensiones exageradas (por encima de los 25 salarios mínimos, casi $15 millones) que se quedan en manos de altos funcionarios del Estado, muchos de los cuales se inventan toda clase de peripecias para obtenerlas e incluso para heredarlas sin ningún límite. El costo de sostener tales beneficios a una minoría privilegiada es demasiado alto y no se compadece con la necesidad de tener un país más equitativo, más justo, en el que pueda proyectarse un futuro más próspero para la mayoría de colombianos.
 

La misma ministra de Justicia, Ruth Estela Correa, ha manifestado la necesidad de que en el pronunciamiento que hará hoy la Corte Constitucional acerca de ese asunto, se le ponga freno a tal situación, que es muy perjudicial para la salud de las finanzas públicas. En la lista de las megapensiones están exmagistrados y excongresistas, que en algunos casos con haber estado unos cuantos días en esas labores se hacen acreedores a jugosas mesadas cuando cumplen los requisitos de jubilación.
 

Los magistrados del alto tribunal deben guiarse por el principio de igualdad, y si no es posible que los ajustes se hagan retroactivos, por lo menos quede hacia adelante un panorama menos oneroso para el erario, así sea con rebajas escalonadas que eviten grandes impactos. No compartimos la posición del saliente presidente del Consejo de Estado Gustavo Gómez en el sentido de que tales pensiones son derechos adquiridos, no puede aceptarse que se perpetúen los privilegios de una minoría en detrimento de la posibilidad de que millones de colombianos logren pensiones mínimas.
 

El informe de la Contraloría General de la República deja muy claro que cualquier decisión sobre las megapensiones (cerca de 1.200 en todo el país) impactará en forma seria las finanzas oficiales, las cuales se nutren con lo que pagamos el resto de colombianos, lo que además de desequilibrado debería ser calificado como una verdadera aberración del sistema. El asunto es peor si se observa que los beneficiarios pueden jubilarse con 55 años de edad y 20 años de servicio, y con el 75% del ingreso mensual promedio del último año.
 

Las normas que permiten los excesos fueron aprobadas por los mismos que hoy se benefician del exabrupto, quienes en su momento lograron el respaldo de gobiernos necesitados de apoyo de los otros dos poderes para sacar adelante sus políticas. Se trata, pues, de prebendas que deben ser desmontadas si la Corte se pronuncia con apego a la Constitución, y haciendo eco a la necesidad de acabar los regímenes especiales. La Corte debe dar ejemplo sobre esto.
 

Lo lógico es que, en todos los casos, las pensiones se calculen a partir de las remuneraciones recibidas y con base en las cotizaciones hechas, no como ocurre con los congresistas y magistrados, que siempre van a recibir mucho más del promedio cotizado. Si la Corte toma en cuenta, además, la ley de sostenibilidad fiscal, su veredicto debe ir dirigido a que haya moderación en el gasto de los recursos del Estado, en los que cada año se destinan $25 billones para atender los pagos de 1,8 millones de pensionados.

La sentencia que hoy se emita debería orientar el camino que debe seguirse para una reforma pensional de fondo, que evite la explosión de la bomba que se viene formando desde hace años, y que no ha sido enfrentada con determinación. Tiene que aprovecharse esta coyuntura para encontrar el modo de darle sostenibilidad al sistema y que todos los colombianos puedan acceder a una pensión justa. En el caso de los miembros de la Fuerza Pública, que merecen un reconocimiento por su riesgosa labor, también hay que mirar con lupa el impacto económico que se tendrá en los próximos años, pues su número se multiplicó exponencialmente durante las dos últimas décadas.