La unanimidad con la que se definió la Ley de Orden Público, que entre otras cosas concretó lo que serán las zonas de concentración especial para las Farc, una vez se firme el acuerdo de paz, y que servirán de sede para recibir a los guerrilleros desmovilizados que depondrán las armas, significa que empiezan los diferentes grupos políticos del país a concentrarse en la paz como una prioridad y una posibilidad real. Qué importante llegar a este tipo de consensos, pues es evidente que para llegar al punto en el que se terminó aprobando la norma se tuvieron en cuenta visiones diferentes y se respondió a las inquietudes planteadas desde varios sectores para obtener una mejor propuesta.
Esta ley será un insumo importante para que la mesa de negociación en La Habana vea que hay voluntad política de acoger a la vida civil a los guerrilleros, eso sí, con unas limitaciones obvias, y es que no sigan delinquiendo, que no continúen con los cultivos ilícitos, que no aprovechen sectores limítrofes con países vecinos, entre otras. Es muy importante que las Farc entiendan que el país no quiere una paz mal hecha, ni tampoco está interesado en una paz con personas que niegan haber delinquido.
Ahora hay que definir estas zonas, pues hacen mucho daño los rumores que se siembran en torno a que se van a tener estas en uno u otro lado. Inclusive en poblaciones de Caldas crecen como espuma este tipo de comentarios, cuando apenas pasó la ley. Ahora depende del Gobierno ser muy claro en esta definición y en garantizar a los habitantes de ellas que se les respetarán sus derechos. La inquietud que sienten muchos vecinos de municipios que padecieron la violencia impartida por este grupo tiene asidero, de ahí que no se le puede dar paso a las especulaciones y ser claros en la definición de los territorios que se emplearán para estos fines, que serán solo rurales según la ley, necesarios como lo fueron con las Auc, o en décadas pasadas con otros grupos con los que se firmaron acuerdos de paz.
Coincidió la aprobación de este proyecto con el anuncio del presidente, Juan Manuel Santos, de que no va a correr para cumplir con la firma del acuerdo de paz el 23 de marzo próximo, como lo prometió. Esto resulta tranquilizador, pues nada sería más perjudicial para el proceso de paz, que afanarse a lograr una firma sin definir los temas importantes pendientes. Así que parece que estamos entrando en un momento de no retorno frente a un posible acuerdo con la agrupación guerrillera activa más vieja del continente, y es importante que así se entienda. Por supuesto esto debe tener otra cara y es exigirles a los negociadores de esa guerrilla no dilatar innecesariamente las decisiones que el país requiere para ver concretado el anhelo de la paz.
Fueron muchos los reparos no solo del Centro Democrático, sino de otras fuerzas políticas como el Partido Verde a la propuesta original del Gobierno de las zonas de concentración. Saber que se puede llegar a consensos, que la Presidencia está dispuesta a escuchar a quienes no están de acuerdo con el proceso de paz que se lleva y eso es necesario para lograr un verdadero país en postacuerdo, porque como lo hemos dicho antes, de poco sirve un acuerdo de paz con los alzados en armas y en guerra política permanente. Debemos construir un país en donde quepamos todos en el disenso.
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