El Concejo Municipal de Manizales, por estos días, aparece en el ojo del huracán, debido a distintas situaciones que deben llevarnos a reflexionar acerca de los derechos y deberes de quienes representan a los ciudadanos en dicha corporación. Por un lado, está el tema de las sesiones nocturnas, que se han realizado con el único fin de beneficiar a ediles que han tenido viajes, de acuerdo con la versión entregada por Juan Sebastián Gómez, presidente del Concejo, pero hay muchos más casos que tienen que ser analizados con atención.
Lo de las sesiones nocturnas hace recordar el caso de los concejales de Dosquebradas (Risaralda), quienes se ganaron una merecida destitución de la Procuraduría, hace cerca de 10 años, al programar sesiones a la medianoche con el único fin de que los supuestos debates cubrieran dos días, y así poder cobrar por partida doble. Podría ser que en el caso nuestro tal situación sea sutilmente distinta, pero es evidente que los hechos se prestan para ser interpretados como una ventaja que podría beneficiar a los distintos miembros de esa corporación pública, cuyas explicaciones no satisfacen a la ciudadanía.
Durante el 2012 se han realizado, según el Observatorio del Concejo de Manizales, dos sesiones con estas características. Sin embargo, llamó mucho la atención que la del sábado pasado durara apenas 13 minutos, lo que les significó a cada uno de los concejales recibir $310 mil por el rato, así Gómez aclare que de esa cantidad hay que descontar el 10% de retención en la fuente y el pago de pensión.
Muchos hoy hacen cuentas de que un colombiano que gana el salario mínimo devenga cerca de $19 mil por una jornada laboral de 8 horas, por lo que les parece totalmente salido de todo contexto lo ocurrido en el Concejo. Más si se tiene en cuenta que la fugaz sesión se realizó poco después de haber terminado otra, el viernes a las 10:55 de la noche, por lo que podrían haber evitado extenderse después de la medianoche, y cobrar solo una sesión.
Adicionalmente, hemos visto el embrollo en que se ha convertido el tema de la comisión accidental de concejales que se encarga de analizar la viabilidad de la empresa Transporte Integrado de Manizales (TIM), para emitir un concepto sobre su permanencia. Además de ser curioso que el concejal del Partido Verde Francisco Javier González haya presentado su impedimento para hacer parte de esa comisión, luego de cuatro meses y 22 días de estar discutiendo el tema, todos los demás concejales parecen no tener aún claridad suficiente para emitir un concepto, por lo que pidieron aplazar el informe.
La discusión acerca de este impedimento ha hecho que algunos analistas también se fijen en otros temas que han tenido acaloradas discusiones en el Concejo, y en las cuales los ponentes de las iniciativas habrían podido tener vinculaciones con hechos, negocios u organizaciones interesadas, lo que los habrían inhabilitado, supuestamente, para poder abogar por tales intereses.
Bien vale la pena que se estudien públicamente todos los hechos que podrían derivar en esta especie de inhabilidades e incompatibilidades éticas, a la luz, por ejemplo del informe presentado por este diario el pasado domingo, en el que se observan las actividades paralelas de los distintos concejales, para evitar que se terminen filtrando intereses mezquinos.
Como si fuera poco, en la más reciente calificación del Observatorio del Concejo se observa que algunos concejales estuvieron por debajo del 70% en asistencia y permanencia en las sesiones, lo que demuestra que más que sus responsabilidades como cabildantes están dando más tiempo y empeño a otras actividades de índole personal. Ya se contabilizan cinco años con estos seguimientos, por lo que resulta aún más preocupante que, al comparar los resultados del Concejo con los de la Asamblea (que apenas comienza a ser medida), los de los primeros sean más deficientes. Y no son unos pocos ediles sino varios los que dañan el promedio general.
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