Sin llegar aún a su máxima expresión, El Niño comenzará a pasar factura, literalmente, a los colombianos. El Gobierno Nacional anunció que habrá incrementos en las tarifas en cerca de $7 el kilovatio-hora desde noviembre (durante tres años), lo que podrá significar un aumento mensual promedio de $3 mil en los cobros residenciales. El argumento es que se pretende forzar así el ahorro energético, para evitar que la sequía de los embalses que sirven para el funcionamiento de las hidroeléctricas, obliguen un racionamiento.
Además, como serán las termoeléctricas las que servirán para compensar lo que las hidroeléctricas no alcancen a generar, y su operación es más costosa, seremos los consumidores quienes tendremos que aportar cerca de $1 billón. No obstante, muchos se preguntan dónde están los efectos del cargo por confiabilidad que, a modo de seguro, pagan los usuarios con el objetivo supuesto de darle estabilidad a las tarifas, independientemente de la escasez de energía. Tiene razón la Asociación Colombiana de Comercializadores (Acce) en señalar que el artículo 94 de la Ley 142 de 1994 (Ley Eléctrica) dice que los usuarios no deben asumir unos sobrecostos por los que ya pagaron.
Parece que se tuviera algún grado de incoherencia en las medidas que se están tomando para hacerle frente a El Niño y garantizar el suministro de energía. Si hay cómo responder y a los usuarios se les cobra esa especie de seguro, las tarifas no tendrían por qué incrementarse. Además, las termoeléctricas que funcionan con gas o combustibles líquidos no deberían tener los sobrecostos que se anuncian, si los precios internacionales del petróleo están bajos. Y, además, tenemos en Colombia generadoras de este tipo que funcionan con carbón, y ese combustible abunda en el país, a precios aún más bajos. La escasez de gas no puede ser disculpa para excederse en cobros a los usuarios.
También suena incoherente que se pretenda subir las tarifas, y al mismo tiempo se siga pensando en que los alumbrados navideños no tendrán mayores restricciones. Argumentan las empresas que el porcentaje de gasto de esos alumbrados es mínimo con relación al consumo promedio de los hogares. Eso puede ser cierto, como también lo es que la tradición navideña viene acompañada regularmente de estas costumbres de iluminaciones especiales con motivos de la época, pero el efecto psicológico podría ser contrario, si en verdad se necesita una cultura de ahorro, no solo de energía, sino también de agua, en los próximos meses.
La Contraloría General de la República ya comenzó a pedir explicaciones acerca de la procedencia de los $14 billones que se habrían recogido por concepto del cargo de confiabilidad, y que fueron trasladados a las generadoras. Dichos recursos son más que suficientes para ponerle el pecho a la situación sin que sean los usuarios quienes tengan que resolver el problema con tarifas más altas, las cuales en el caso de Caldas siguen estando por encima del promedio, sin ninguna justificación. Frente a este asunto puntual la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) debe dar sus explicaciones.
La posibilidad de que el fenómeno de El Niño se extienda hasta mediados del 2016 plantea un panorama complicado para el sector energético, al que se le empieza a reclamar que no ha hecho lo suficiente para prevenir racionamientos. Para los usuarios, además del alza en las tarifas, la sequía ha significado un incremento en los precios de los alimentos, lo que podría impactar negativamente en los niveles de inflación. El Gobierno Nacional debe evitar estos efectos, y por el contrario proteger los bolsillos de los colombianos. De otra manera el panorama general de la economía podría perjudicarse.
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