Claridades necesarias

Como claro síntoma de que algo estuvo mal en la decisión de la administración del exgobernador Mario Aristizábal Muñoz de bajar el monto que Susuerte debía trasferir a las arcas departamentales para el sector de la salud, aparece ahora el interés de la Contraloría General de la República, de recuperar los $9.323 millones que se dejaron de recibir por la explotación del chance en Caldas. Su imputación de cargos al exmandatario por supuesto detrimento patrimonial vuelve a poner el tema en primer plano, después de mucho tiempo de olvido.

El camino que ahora toma la Contraloría contrasta con la decisión que asumió en mayo pasado la Procuraduría General de la Nación que libró a Aristizábal de cualquier responsabilidad en los hechos relacionados con Susuerte y la caída de las transferencias para la salud. No podemos olvidar que fue precisamente ese organismo de control el que a finales del 2011 suspendió al entonces gobernador, y se hizo necesario que terminara el periodo un gobernador encargado (Francisco Prieto).

Con la imputación solidaria emanada de la Contraloría, además del exgobernador también estarían comprometidos el exgerente de la Empresa Departamental para la Salud (Edsa) Adolfo León Mejía, la exsecretaria privada María del Pilar Joves, el exsecretario de Hacienda Pedro Javier Misas y la exdirectora de la Dirección Territorial de Salud Martha Isabel Valencia. De la misma manera, la medida implica a funcionarios de Susuerte, la Superintendencia Nacional de Salud y Fasecolda.

Ante tanta confusión por las decisiones contradictorias de los dos entes, lo único cierto es que durante el periodo de gobierno de Aristizábal los caldenses dejamos de recibir importantes recursos para la salud, por una determinación gubernamental que llevó a revisar los mecanismos de transferencia y a generar un otrosí, sin que tal revisión fuera obligatoria, y solo, al parecer, con el ánimo de favorecer a una empresa privada. Es fundamental que las investigaciones sigan avanzando y reúnan todas las pruebas que lleven a establecer responsables claros del detrimento.
 

En el caso de la investigación de la Procuraduría llama mucho la atención que su segunda instancia haya ido en contravía de la primera, emitida por el mismo organismo en enero del 2012, en la que el exgobernador sí aparecía como responsable disciplinariamente de estas irregularidades. De hecho, en esa providencia se determinó su destitución e inhabilidad general para el ejercicio de cargos y funciones públicas por 10 años. Así las cosas, desde la Procuraduría este parece ser ya un caso cerrado.

Todo indica que solo la Contraloría podrá seguir avanzando y, de pronto, dictando medidas a favor del Departamento. Lo que tenemos que esperar de la Procuraduría es que los demás hechos que también fueron denunciados en esa época y frente a los cuales todavía no hay determinaciones en firme, comiencen a ser aclarados. No es bueno ni para el exgobernador Aristizábal ni para Caldas que sigan abiertos varios procesos en diversos entes de control, y que pase el tiempo sin tener veredictos concluyentes.

Todavía hay casos pendientes, por ejemplo, en lo relacionado con los manejos administrativos de la Industria Licorera de Caldas, caso en el cual el exgerente Carlos Arturo Fehó, quien huye de la justicia, también se encuentra implicado. Las irregularidades en las obras e inversiones en el Aeropuerto del Café durante su gobierno también comprometen a Aristizábal y frente a eso los organismos de investigación tampoco han dicho la última palabra. Hoy Aerocafé tomó el rumbo correcto, pero lo ocurrido en el pasado no puede quedarse en la impunidad.