Cinco años de parapolítica

Desde que empezaron a investigarse los nexos de políticos con grupos paramilitares en Colombia, gracias a la ley de Justicia y Paz, han pasado ya cinco años. Desde entonces se han abierto unas 400 investigaciones por esta causa, mientras que se estima que por lo menos 11 mil solicitudes de indagación preliminar han enviado fiscales y magistrados para que se indague a igual número de políticos. Así lo reveló un informe del portal especializado VerdadAbierta.com, publicado por LA PATRIA el sábado y el domingo, el cual sigue paso a paso este proceso.

De las anteriores investigaciones 53 han terminado en condenas contra ex congresistas, 9 contra ex gobernadores, mientras que empiezan a producirse decisiones contra alcaldes, diputados y concejales a lo largo y ancho de Colombia, de lo que no se ha librado Caldas, en donde por esta causa han terminado con condenas cuatro congresistas, dos ex alcaldes y hasta ahora por lo menos tres concejales.

Otros esperan decisiones, mientras aún está por resolverse si alias ‘Alberto Guerrero’, jefe del bloque Cacique Pipintá puede beneficiarse con sus confesiones. Él ya ha mencionado nombres y dado pistas, pero espera ser tenido en cuenta en justicia y paz para poder seguir dando información. Su proceso sigue pendiente de un limbo, pues su entrega y la de sus compañeros se dio después de que habían expirado los tiempos para poderse acoger a todas las garantías que otorgó la ley de sometimiento a la justicia para los ‘paras’. Caldas sigue necesitando conocer toda esa verdad. El llamado pacto de El Tambor que tiene en la cárcel a cuatro ex congresistas y al exdirector del Partido Liberal en este departamento es solo la punta del témpano de lo que aquí ocurrió y los caldenses tienen derecho a saberlo.

Es indudable que el Estado fue permeado de muchas maneras por este aparato criminal, tanto que no parece haber renglón de la política en donde su mano no se hubiera metido. Esto sin contar el gran poder económico alcanzado, del cual apenas se están dando los primeros pasos y muchos temen que no se llegue hasta el fondo, pues se pueden estar tocando fibras harto sensibles. Es una necesidad que se conozca la verdad para poder alcanzar el objetivo principal de tener que haber cedido parte de la justicia, que al menos se sepa cómo fue que delinquieron, con quién lo hicieron y qué motivó esos hechos de sangre que sembraron dolor en el país.

Aunque hay mucho por resolver no se puede desconocer que en ningún lugar como en Colombia un proceso de sometimiento a la justicia haya logrado dar tantos resultados. Para el tamaño del problema pueden resultar cifras menores, pero cuando se compara con procesos similares en otras partes del mundo en donde hubo impunidad total o en el mejor de los casos unas cuantas condenas y eso por delitos de lesa humanidad, aquí se ha tocado y muy fuerte a quienes a pesar de ostentar cargos de poder decidieron someterse a los violentos y beneficiarse de sus actuaciones. Sí hay que insistir en que debe continuarse con la labor y en todos los frentes para que no solo paguen unos cuantos.

Por esto es que consideramos que el marco jurídico para la paz que se discute en el Congreso de la República no puede ser menos exigente que lo ya logrado por justicia y paz. Es necesario que haya algo de justicia, buena reparación y toda la verdad. Esos deben ser los parámetros mínimos para poder avanzar con otras agrupaciones delincuenciales. Lo que sí avanza muy poco es el proceso de la Farcpolítica.