El anuncio de una tregua unilateral de las Farc y el Eln y el del acuerdo al que se llegó en el esquivo tema de drogas y narcotráfico en la mesa de La Habana, tienen que recibirse como una buena noticia en el país, sin olvidar que nada está acordado hasta que todo esté acordado, según las reglas de juego pactadas desde un principio para abordar el proceso. Esto hace que se reciba el arreglo con optimismo, pero también con cautela, pues ya se sabe que las dificultades no son pocas en este tortuoso camino de guerra de 50 años.
Vamos por partes. El anuncio al unísono de una tregua unilateral, que el Gobierno claramente dijo no lo obliga, es un paso importante que seguramente está mediado también por el peligro que entraña para el proceso de paz y, por supuesto, para la tranquilidad de los cabecillas de las Farc las posibilidades reales que parece tener hoy el Centro Democrático de alcanzar el poder. Todo indica que la presión sobre la real posibilidad de que el actual presidente de los colombianos, que se la ha jugado toda por la paz, no repita en el poder llevó a que apresuraran esta decisión.
De hecho, es la primera condición del caldense Óscar Iván Zuluaga para mantener las negociaciones, cosa que resulta bien importante, pues así se anticipan estos grupos armados a esa posibilidad, aunque también está el riesgo claro de que rompan los diálogos en caso de que sea el uribismo el que alcance el poder, ante la exigencia de este de que cese toda acción de guerra para poder continuar. Eso sería un lamentable error, pues las mismas encuestas que muestran cómo el país se polariza entre estas opciones también dicen que la peor imagen favorable las tienen las Farc, en lo poco en que se une el sentir mayoritario de los colombianos.
Se sumó a esta tregua el Eln, que durante el último año ha intentado mostrar que aún tiene poder cometiendo todo tipo de actos de guerra que incluso violan el Derecho Internacional Humanitario. Esperamos que lo cumplan, pues en el pasado no ha sido así. No obstante, es una buena demostración de que quiere llegar a un acuerdo con el Gobierno, pero bien haría sumarse a lo ya ganado en La Habana y no abrir otro frente de negociación para reabrir discusiones que ya están acordadas con uno de sus pares en la barbarie.
Al escuchar el acuerdo en los tres subpuntos, tercero que se cierra, relacionado sobre las drogas ilícitas, sorprende que eso no se haya logrado antes, pues es tan obvio lo firmado que parte de lo exigido por las Farc ya se tiene construido como política de Estado y se avanzó en que esa organización indique en dónde sembraron minas, en donde hay cultivos ilícitos para que sean erradicadas en conjunto. Entender que haya un programa de sustitución de cultivos, en el que las comunidades sean escuchadas, es algo que ya existe. No se puede olvidar que en Caldas de hecho hay varios ejemplos de erradicación y sustitución propuesta desde la comunidad y así en varias zonas del país.
Atender el tema del consumo de drogas ilícitas como de salud pública es una obligación hoy de cualquier estado, máxime con el cambio que está tomando el enfoque sobre él en la comunidad internacional. Así mismo, es clave que se entienda que una solución integral sobre el asunto debe ser apoyada por países que están involucrados en el problema y, por supuesto, con respeto a la autonomía de los países. Es algo que ya se ha mencionado antes.
No obstante, quedan preguntas. Es claro a qué se comprometió el Gobierno, pero a qué se comprometieron las Farc, no se habló de entregar las rutas del narcotráfico que manejan, fueron muy tímidas para reconocerse como el cartel de drogas que son. Eso no es sano para un proceso que debe tener como primera razón de ser la verdad, esa que tanto necesitan las víctimas que las Farc han dejado durante todos estos años. Así, pues, que hay que ser optimistas, pero aún no se ve a unas Farc convencidas de ser victimarias y sin eso será muy difícil cerrar este proceso.
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