El gobierno de Juan Manuel Santos llega hoy a la mitad de su período presidencial, con un balance entre claros y oscuros, y en una difícil coyuntura. Es innegable que la actual administración ha obtenido logros económicos que nos permiten a los colombianos estar relativamente tranquilos frente a las turbulencias internacionales y que ha liderado en el Congreso de la República exigentes agendas sobre temas vitales del país que, de concretarse, significarán cambios sustantivos en nuestra historia, pero baches en la seguridad han generado inquietudes que deben ser resueltas.
Es verdad que este gobierno, gracias a la Unidad Nacional, ha impulsado iniciativas que en el mediano y largo plazo podrán tener una incidencia positiva en la tranquilidad ciudadana. Le ha apostado a leyes como la de víctimas y restitución de tierras que apuntan a lograr justicia social, equidad y sobre todo a desactivar los orígenes de nuestro conflicto armado. Sin embargo, como sus amenazados mecanismos aún no logran despegar, y por la arremetida de acciones terroristas de la guerrilla, el reto para no perder el rumbo en la lucha contra la insurgencia es mayor.
Además, a la audaz propuesta de Santos para recomponer las relaciones internacionales, que tiene sin lugar a dudas el sello de un estadista que conoce nuestras potencialidades y se empeña en proyectarlas, se le atraviesa el que las grandes locomotoras de desarrollo en las que basó su propuesta de gobierno apenas están calentando, y que tal vez solo a finales del gobierno comenzarán a dar frutos. En esto, de todos modos, hay que tener en cuenta que al actual mandatario le tocó enfrentar en sus primeros meses de gestión el ataque del más duro invierno que haya soportado el país en mucho tiempo.
Sin embargo, lo que más peso negativo le da a este corte a mitad de camino son las fallidas reformas a la educación superior y a la justicia, las cuales por exceso de discusión, desatención en su paso por el legislativo, o por falta de claridad sobre sus alcances, terminaron en frustraciones. En el caso de la reforma judicial, se facilitó así el ingreso de gigantescos ‘micos’ cuya única solución fue una improvisada salida de tumbar lo aprobado por los conciliadores, lo que terminó absorbiendo el capital político del mandatario, y obligándolo a comenzar a hacer palpables sus realizaciones.
Por eso, la percepción positiva del gobierno ha caído en las encuestas, porque además de que la gente extraña el método de microgerencia de su antecesor, las grandes obras de esta administración aún no se ven, y por ejemplo en el caso de la infraestructura si bien las vías que necesita el país ya están en procesos licitatorios, no hay todavía nada que pueda mostrarse como resultado de su propia gestión. En este aspecto, lo que queda es esperar que haya un despegue real, y que los colombianos comencemos a experimentar que se está dando un verdadero salto al futuro.
En los dos años que le quedan, Santos aún tiene que sortear temas nada fáciles en medio de un ambiente enrarecido. La necesaria reforma del régimen de pensiones, los cambios en el sistema de salud y el impulso de una reforma tributaria estructural están a la espera de ser discutidos en un parlamento en el que la Unidad Nacional está cada vez más fraccionada. Para avanzar en ello, más que simples cambios de imagen o de acercarse al pueblo remedando el libreto uribista, el presidente está obligado a convencer a los colombianos de que es un mandatario digno de ser reelegido, así al final opte por no buscar repetir en el gobierno.
Si al gobierno le va bien, le irá bien al país. Confiamos, por eso, en que el mandatario tendrá la sabiduría para corregir lo que se ha hecho mal hasta ahora, y así no solo recuperar el respaldo de los colombianos, sino generar el optimismo que se necesita para enfrentar el futuro.
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