Alcaldías con lunares

Van apenas 13 meses de gobierno de quienes asumieron las alcaldías en enero del año pasado, y ya 15 de los 27 mandatarios municipales en Caldas llevan consigo toda clase de investigaciones en la Procuraduría y la Fiscalía. Lo grave de esta situación es que quedan 35 meses aún de sus administraciones, muchos de los cuales podrán transcurrir en medio de señalamientos y en el desgaste de sus defensas. Preocupa, además, que apenas arrancando haya tantos alcaldes involucrados en investigaciones que avanzan muy lentamente.

Sumando los casos son 30 procesos en la Fiscalía y 26 en la Procuraduría, que involucran asuntos de todos los calibres, que si bien en algunos casos podrían atribuirse a simples ataques de opositores políticos, en otros obedecerían a actuaciones irregulares o “alcaldadas” indeseables que terminan perjudicando a las comunidades. Las situaciones que envuelven temas de contratación son las que más se repiten, lo mismo que las presuntas participaciones en política, lo que evidencia posibles extralimitaciones de poder.

La explicación que da el docente Manuel Fulgencio Jiménez, de la Universidad Nacional, acerca de la actitud común de muchos alcaldes de olvidarse de los controles y actuar caprichosamente, para salirles al paso a los supuestos ataques de los enemigos, es bastante ilustrativa de lo que puede estar pasando con los actuales mandatarios. Tal fenómeno es evidencia de la fragilidad de nuestra democracia, donde se es poco tolerante con la crítica y desde el poder se asumen actitudes propias de reyezuelos.

También hay casos que vienen desde el 2006, cuando los actuales alcaldes se desempeñaron en otros cargos públicos, y que pese al paso del tiempo aún no han sido resueltos por los organismos de control. La explicación de esto podría estar en que tales entes no están debidamente blindados frente a los intereses políticos, o más bien se mueven al vaivén de tales intereses en muchas circunstancias, lo que no permite que haya agilidad, contundencia y real justicia. De todos modos, es necesario pedirles a la Fiscalía y a la Procuraduría mayor agilidad en tales procesos, para que los corruptos caigan y los inocentes puedan continuar con sus gestiones sin estar manchados por las presunciones de culpabilidad. Sin determinaciones contundentes, se perpetúan las prácticas irregulares que nunca tendrán el castigo que merecen, y las personas honradas evadirán el ejercicio de la política por temor a ser arrastradas hacia los señalamientos injustos.

Para evitarnos todas estas situaciones, los ciudadanos deberíamos fijarnos mejor en a quienes elegimos para ser las principales autoridades de los municipios, sin dejarnos arrastrar por el clientelismo, ni por promesas oportunistas. Debemos aprender a votar a conciencia, tras analizar muy bien las hojas de vida y los antecedentes de quienes aspiran a los cargos públicos; cuando se deposita el voto con base en criterios diferentes, las consecuencias normales son las trampas desde el poder y las triquiñuelas para evadir los castigos.

Es indispensable que los ciudadanos vuelvan a creer en la justicia y en la política, y para ello los entes de control deben dejar atrás esa imagen de ser refugios de burócratas que tampoco están exentos de la corrupción. Para ello, se requiere que los actuales procesos a los alcaldes sean fallados cuando aún estén en ejercicio, no como ocurre casi siempre que terminan destituidos cuando ya han entregado los cargos. Se esperan rápidas respuestas, con investigaciones que sean más ágiles y bien documentadas, y con fallos que no tengan tachas de duda.