Ajustes al acuerdo de justicia

El viernes pasado quedaron, al parecer, superadas las diferencias entre los negociadores del Gobierno Nacional y las Farc frente a puntos específicos del acuerdo sobre justicia transicional, el más complejo de los temas que se tocan en la mesa de negociaciones en La Habana (Cuba). Serán los juristas que asesoran a ambas partes los que se reunirán y conciliarán las diferencias, con el ánimo de que los resultados cumplan con estándares internacionales, a la vez que no den campo a interpretaciones equivocadas del texto que era lo que estaba ocurriendo.
El próximo 17 de octubre se estableció como la posible fecha del encuentro de los asesores, con el ánimo de limar las diferencias. Los colombianos esperamos que el resultado de esa charla es que queden aún más firmes las bases de ese acuerdo y que, más temprano que tarde, se pueda seguir avanzando en los puntos pendientes, y se pueda así cumplir con la meta de firmar los acuerdos definitivos el 23 de marzo del 2016, a más tardar.
Esa sería la más importante y positiva noticia para Colombia en varias décadas, por lo que es fundamental seguir luchando para lograrla. Es evidente que siempre la letra menuda puede ocasionar situaciones como la que vivimos con el rifirrafe entre las dos partes acerca de ese punto, pero el análisis profundo de cada inconformidad debe llevar a mejores resultados, a precisar puntos clave como el de los sitios en los que los jefes de las Farc cumplirán su restricción efectiva de la libertad y las condiciones de seguridad para esas zonas. 
Si eso se logra se recuperará de nuevo la confianza en el proceso, como se observó recientemente en una encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría, para el noticiero CM&, en la que se vio un respaldo cercano al 73%, lo que muestra que los colombianos son cada vez más conscientes de que es mejor lograr el cese del conflicto y comenzar a construir la paz, que persistir en los ánimos de beligerancia y confrontación. Hoy, incluso, parece haber más optimismo en ese aspecto que hace poco más de un año, cuando el presidente Juan Manuel Santos ganó su reelección con un discurso orientado hacia la búsqueda de la paz.
El gran reto lo tiene ahora la guerrilla, que debe actuar de tal manera que realmente empiece a generar confianza entre los colombianos. Es cierto que esa agrupación viene cumpliendo con el cese unilateral al que se comprometió, lo que le otorga puntos positivos, pero tendrá que seguir ofreciendo muchos más gestos de voluntad de paz si aspira a la aceptación de la sociedad colombiana para que pueda reinsertarse a la cotidianidad, e incluso pretender tener una participación activa en la política.
Cada vez se ve un mayor y más fuerte acompañamiento de la comunidad internacional a la posibilidad de un acuerdo con las Farc, en lo cual no puede haber retrocesos. Eso constituye un gran avance que tiene que empezar a reflejarse en el país, donde se palpen los beneficios de acabar con el conflicto. Es lógico que siempre haya reductos de radicalismos que no estén de acuerdo con la posibilidad de paz entre contrarios tan beligerantes como tradicionalmente lo han sido el Estado colombiano y las Farc, pero las actitudes pacíficas democráticas deben imponerse sobre la terquedad que no aspira al cambio.

En ese sentido, es necesario que los colombianos comencemos a aceptar la posibilidad de que los guerrilleros desmovilizados puedan tener una participación política. Para que ello sea posible tiene que verificarse que se han desarmado y no volverán a empuñar un fusil, que se han insertado efectivamente a la vida civil, que se han sometido a la justicia transicional acordada y que acojan las normas de la democracia. Será siempre mejor tener a exguerrilleros haciendo política que cometiendo crímenes.