Solo Haití y Angola superan a Colombia en las mediciones sobre inequidad y desigualdad social, de acuerdo con el Informe de Desarrollo Humano 2011, en el cual nuestro país también ocupa el puesto 87 entre los 187 analizados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud). Tal condición es medida a través del llamado ‘coeficiente de Gini de ingresos’, que toma como base la distribución de los ingresos entre las personas u hogares de un país, y que se ubica en 54,8. Frente a tan sombrío panorama se requieren medidas, pues un mayor equilibrio también puede garantizar crecimientos económicos más rápidos y sostenidos.
A eso parece responder, en parte, la estrategia de subsidios que viene impulsando el Gobierno Nacional ante situaciones determinantes de la pobreza como las deficiencias en educación y en vivienda. En lo primero es acertado que se apunte a la eliminación de intereses a los créditos que el Icetex les entrega a los estudiantes de los estratos 1, 2 y 3, tal y como lo señala la ley que acaba de ser aprobada en el Congreso de la República. Y, mejor aún, que se establezca la condonación de la deuda a aquellos que logren promedios excelentes durante la carrera, con lo que se premia la calidad.
Desde el ámbito de la vivienda, recientemente se dio un cambio en el gabinete ministerial, con el que se dio el paso de Germán Vargas Lleras del Ministerio del Interior al de Vivienda, donde tiene la tarea de impulsar la construcción de 100 mil Viviendas de Interés Prioritario (VIP) gratuitas, para igual número de familias colombianas que se encuentran en los más bajos niveles de pobreza. En forma parecida se ha dicho que se destinarán recursos jugosos para la vivienda rural, como factor estratégico de mejora de la competitividad del agro.
También acaban de ser anunciados 140 mil subsidios a la tasa de los créditos de Vivienda de Interés Social (VIS), para que los colombianos de los estratos medios puedan tener un alivio en las cuotas mensuales que paguen a los bancos por créditos hipotecarios, a partir del próximo 3 de julio. En los tres casos, el Gobierno Nacional también parece apuntar a dinamizar el sector de la construcción y la generación de empleo, al estimular este tipo de proyectos, en los cuales se tiene un déficit significantivo en Colombia. Lo deseable es que estas políticas no terminen interfiriendo el desarrollo normal del sector, el cual podría tender a parar las ventas, si las familias se quedan esperando a que les den casa gratis.
Ahora bien, recientemente, un reporte del DANE al que no le ha faltado la polémica dijo que la pobreza en el país tuvo un descenso de 3,1% durante el año pasado, lo que significaría que 1,2 millones de colombianos traspasaron hacia arriba la línea de corte definida por ingresos familiares (cuatro personas) superiores a los $778 mil 784 mensuales. Sin embargo, el hecho de que el 34,1% de los colombianos sigan siendo considerados pobres muestra un panorama en el que aún falta mucho por hacer para vencer las desigualdades.
Ya que se están adoptando estas medidas, es necesario exigir que no obedezcan a impulsos coyunturales y cortoplacistas, sino que estén enmarcados verdaderamente en una política coherente que cuente con los recursos que le den sostenibilidad. De igual manera, hay que estar vigilantes para que todos estos beneficios les lleguen realmente a quienes los necesitan, que no haya manipulaciones a favor de avivatos, y que el manejo sea tan responsable y transparente que logre impactos positivos reales en la meta de erradicar la pobreza.
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