Se conmemoran hoy 30 años de la toma del Palacio de Justicia, fecha que nos causa una gran vergüenza a los colombianos, por el caos de esos dos días en los que el país estuvo al filo de perder totalmente su estabilidad democrática. Hoy hace tres décadas un comando de la guerrilla del M-19 ingresó al edificio en el que funcionaba la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado y en una acción violenta tomó el control de la edificación y sus ocupantes. Después vino un desenlace que dejó muertos a los magistrados y a numerosos funcionarios de la rama, además del edificio en llamas.
Los propios excombatientes del M-19 que hoy hacen política, y que la hacen limpiamente, respetando los principios de la democracia, reconocen que esa acción guerrillera fue una equivocación de enorme magnitud. Más cuando, al parecer, es cierta la hipótesis de que el comando que ingresó al Palacio contó con el apoyo de los capos del narcotráfico del momento, entre ellos el temible Pablo Escobar, quienes tenían el particular interés de frenar cualquier posibilidad de que se aprobara en Colombia la extradición hacia los Estados Unidos.
Al inmenso error de ese grupo subversivo se sumó un operativo de retoma en el que también se cometieron equivocaciones que han resultado demasiado costosas para la historia. Al parecer, la orden presidencial de recobrar el orden institucional terminó desbordándose y en las acciones de las Fuerzas Militares hubo, sin duda, excesos. En lo que sí debe haber claridad, es que si el presidente Belisario Betancur se equivocó en ese momento, lo hizo de buena fe, nunca con la intención de que ocurriera lo que finalmente pasó. Su disposición de pedir perdón por lo ocurrido es un alto de grandeza que tienen que reconocerle los colombianos.
Frente a lo ocurrido con el Palacio de Justicia hay todo tipo de miradas, dependiendo del ángulo desde donde se observe. La justicia ha dado tantas vueltas alrededor de este asunto y han surgido tantas hipótesis acerca de los hechos, que ya no se sabe si es verdad que hubo 12 desaparecidos, o si lo que hubo fue un completo desorden en el manejo de los restos de las víctimas, que llevó a que muchos familiares recibieran lo de otras personas, y así sucesivamente, como se demostró recientemente. 30 años después de tan aciaga jornada era hora de que se tuviera una mayor claridad, y menos especulaciones.
Desde una perspectiva de lo que ha ocurrido con este caso en estos 30 años, se observa que quienes hicieron la toma, o por lo menos los compañeros de quienes emprendieron esa triste aventura, están libres y hacen política sin ningún problema, y está bien que así lo hagan, pero que los miembros de la Fuerza Pública que en el calor de los acontecimientos pudieron haber cometido errores, sí tengan que estar soportando juzgamientos de los que no sabemos si son, en realidad responsables. La sensación que tenemos hoy frente a este caso es que ha faltado rigor en los procesos investigativos de lo que ocurrió, y que se pueden estar cometiendo injusticias.
Si en Colombia queremos una paz real y sostenible es necesario que todos los actores que participen de momentos como el de hace 30 años, o los que han estado involucrados en el conflicto interno durante toda la historia, reciban un trato equivalente frente a la justicia. Si se dan desequilibrios y queda la sensación de que unos tienen más o menos culpa, cuando las responsabilidades han sido compartidas, se estará sembrando la semilla de la retaliación, que nos podría envolver en una espiral de violencia sin fin.
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