COLPRENSA|LA PATRIA
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, aseguró ayer que si bien el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda en contra de la venta de Isagén, la decisión no suspende la privatización de la generadora eléctrica.
"No es cierto lo que dijo el abogado demandante de que se hubieran dictado medidas cautelares que suspendan el proceso ", aseguró Cárdenas.
El funcionario se refiere al abogado Guillermo Andrés Rodríguez, apoderado del expresidente Álvaro Uribe Vélez en la acción popular interpuesta ante ese alto tribunal desde el 8 de agosto pasado y que luego, por temas de procedimiento, fue subsanada el 20 de este mes.
En la acción legal se solicitó "ordenar la cesación y suspensión inmediata de actos del Gobierno Nacional, Presidente de la República, consejo de ministros, Ministerio de Hacienda, que estén dirigidos a la venta del paquete accionario estatal en Isagén S.A. E.S.P.".
Sin embargo, la decisión del lunes pasado del magistrado Luis Manuel Lasso Lozano, de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, niega esa medida de urgencia, pero dispone dar traslado al Ministerio de Hacienda para que en término de cinco días "se pronuncie en escrito separado acerca de la medida cautelar solicitada por la parte demandante", señala el auto judicial conocido por El Colombiano.
En la práctica, eso significa que el Gobierno responderá primero la solicitud del Tribunal antes de continuar con la publicación del aviso de oferta pública para enajenar el 57,6% de las acciones que son propiedad de la Nación.
De la misma manera, la decisión le ordena al Ministerio de Hacienda que presente los estudios técnicos que sustentan el decreto 1609 del 30 de julio de 2013, el cual aprueba la enajenación de las acciones de la Nación tiene en Isagén.
Por otro lado, al admitirse la demanda, el magistrado Lasso Lozano advierte que "reposan nuevos elementos en el proceso, que si bien no son concluyentes en tanto no pueden ser valorados como prueba de la vulneración de los derechos colectivos invocados, aspecto de fondo que deberá ser analizado al momento de emitir el fallo, son suficientes… " en la etapa preliminar del proceso.
Para tener un fallo, a favor o en contra del expresidente Uribe como demandante, pueden pasar cerca de seis meses, en el mejor de los casos, según abogados consultados por este diario. Sea cual sea la decisión, el fallo es apelable ante el Consejo de Estado, lo que puede retrasar por varios años una decisión definitiva.
Cabe anotar que el Ministerio de Hacienda anunció el 30 de julio pasado el reinicio del proceso de venta de la participación del Gobierno en Isagén, por al menos $4,5 billones (unos 2.340 millones de dólares), recursos que se utilizarán para invertir en infraestructura de carreteras.
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