Ratifican sanciones por inversiones en el TIM

LA PATRIA | MANIZALES

"Lo único que tenemos que hacer es esperar que emitan un fallo de apelación". "No tengo mucho para decir, no estoy notificado".

Con estas palabras, tanto el exalcalde de Manizales Juan Manuel Llano como el exsecretario de Planeación Roberto Arias Aristizábal recibieron ayer el fallo de la Procuraduría General de la Nación (PGN) con respecto a la confirmación de destitución e inhabilidad general como exmiembros de la junta directiva de Infimanizales.

En la página de la PGN se resalta dicha decisión, por estar señalados de aprobar la capitalización de la Empresa de Transporte Integrado de Manizales (TIM), sin contar con estudios que permitieran evaluar los criterios de inversión que determinaran su viabilidad.

El fallo

Según el organismo de control, en el fallo de segunda instancia se ratificó que fue posible demostrar la existencia de la falta en la que incurrieron los miembros de junta, al no elaborar ni presentar análisis que ayudaran a evaluar objetivamente los riesgos de una inversión que finalmente se autorizó el 10 de octubre del 2011.

Por esta razón, la PGN califica el hecho como falta gravísima con culpa gravísima.

Entre los sancionados con destitución e inhabilidad general se incluyen Llano Uribe, con 15 años; María Elena Gómez Ramírez, exsecretaria de Hacienda, y Arias Aristizábal, cada uno con 10 años.

El exgerente Álvaro Vélez Gómez fue suspendido por un año.

En espera

Con cierta sorpresa, Llano Uribe sostuvo que no ha sido notificado del asunto y que por esta razón prefería abstenerse de emitir algún concepto, teniendo en cuenta que primero tenía que consultar con su abogado.

Por su parte Arias Aristizábal reconoció que ya conocía la decisión y que van a agotar todas las instancias.

El exconcejal Francisco Javier González, del Partido Verde, sostuvo que la decisión era previsible, teniendo en cuenta que las decisiones que se tomaban en Infi respecto al TIM carecían de todo sustento jurídico. "Cómo capitalizan una empresa que no está realizando su actividad económica y por ende, no tiene ingresos. Por ese motivo terminaban diluidos en gastos de funcionamiento".

El reclamo de algunos concejales es que se trató de una capitalización por cerca de $800 millones, que terminó siendo usada para pagar empleados. "Es bueno que refresquen este hecho para que no se vuelvan a cometer este tipo de errores". Dijo González.

La Procuraduría General le confirmó a LA PATRIA que con esta decisión en segunda instancia el proceso ya termina en esta entidad, por lo cual las siguientes instancias son ante el Consejo de Estado.