Dicha acción preventiva, que se adelantada a través de la Procuraduría Regional de Caldas, se basa en los artículo 277 de la Constitución Política de Colombia y 75 de la Ley 262 de 2000, y requiere de igual manera a la funcionaria que informe si es cierta tal información que se ha publicado en medios como LA PATRIA e indique cuál es la situación actual y real en la ejecución de dichos contratos de distribución y cuáles han sido las acciones iniciadas por los entes territoriales o sus licoreras y el monto de las pretensiones de esas acciones.
De la misma forma, esta agencia del Ministerio Público le solicitó que dé claridad sobre cuáles han sido las medidas tomadas al interior de la destilera para contrarrestar los riesgos que puedan generar estas demandas y para evitar el presunto incumplimiento de los contratos de distribución.
El Ministerio Público alerta sobre una posible situación similar con las licoreras o gobernaciones de los departamentos del Valle y Cundinamarca.
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