LA PATRIA | MANIZALES
Según el ente, no se justifica la alta inversión requerida pues la diferencia en los resultados de descontaminación es mínima frente al proceso actual.
La Contraloría General de Caldas envió la tercera función de advertencia a la Industria Licorera de Caldas (ILC) en lo corrido de este año.
El primer llamado de atención fue por la falta de aseguramiento que tuvo la empresa a comienzos del año. Luego fue por el aumento exagerado en el número de botellas de licor para degustaciones, y ahora la razón es la aplicación de una nueva tecnología que se implementaría para el tratamiento de las aguas residuales industriales de la destilería, cuyos resultados previos no justificarían la alta inversión.
El contralor departamental, Jorge Eber Wheeler Arcila, expresó que durante una auditoría que le realizaron a la ILC se analizó el contrato “Evaluación y validación de la tecnología Electroflox-UV, a nivel piloto en el tratamiento de vinazas de la fermentación de la miel virgen, provenientes de la planta de producción de la ILC”, realizado con la Universidad del Valle.
La Licorera tiene un sistema tradicional por el cual se maneja la fermentación de las vinazas que se llama por digestión anaerobia (microorganismos descomponen material biodegradable en ausencia de oxígeno) y realizaron unas pruebas para comparar los puntajes de descontaminación con el método Electroflox, cuya implementación costaría un millón 600 mil dólares, unos $2 mil 875 millones de pesos.
Para la Contraloría, al analizar los resultados (ver cifras resaltadas en rojo en la tabla), las diferencias de descontaminación entre ambos métodos son mínimas. Por ejemplo, en el parámetro aceites y grasas, el porcentaje de remoción en la vinaza tratada por digestión anaerobia es de 94,14, mientras que con Electroflox-UV es de 94,92.
“Lo que se pretende es que la ILC lo piense muy bien antes de suscribir el contrato porque estamos hablando de cerca de $3 mil millones, y no nos parece que sean valores representativos (...) Les estamos diciendo que realicen más pruebas antes de meterse en una inversión tan grande y con un mantenimiento anual que valdría más de $500 millones”, afirmó el contralor.
Aunque la función de advertencia no tiene el efecto de impedir las actuaciones o la obligación para suspender el trámite de un procedimiento, Wheeler Arcila dijo que implica que las directivas de la destilería deben pensar el asunto para evitar riesgos.
“Si contratan a sabiendas de lo que advertimos, cuando volvamos a hacer una auditoría en unos meses, les vamos a preguntar sobre la función de advertencia de las vinazas y volveremos a mirar los resultados de las fermentaciones, y si vemos que son los mismos porcentajes, abriremos investigación porque habría un detrimento”, anotó el funcionario.
LA PATRIA buscó ayer al gerente de la ILC, Francisco Quintero Delgado, pero en la Oficina de Prensa de la empresa indicaron que estaba ocupado en reunión de Junta Directiva.
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