Plan de choque a la ILC

La decisión se toma, después de que la firma auditora Price Waterhouse Coopers se abstuvo de presentar informe sobre los estados financieros de la Industria Licorera de Caldas (ILC). Eso condujo a que la  la junta directiva de la destilería no aprobara el pasado lunes los resultados presentados.

Una situación similar se tomó anoche de parte de algunos miembros de junta, caso Guillermo Arango Gutiérrez y Néstor Buitrago. El otro miembro, Héctor Mejía Aristizábal, renunció. Bajo estas condiciones anoche se tenía claro que tampoco se aprobaban los estados financieros, pues se necesitaban cuatro miembros que dieran el sí. Esta mañana las cosas cambiaron y se determinó que sí hubo aprobación por mayoría, considerando que José Fernando Salazar, el otro miembro de junta; la secretaria de Hacienda, Luz Elena Londoño y el Gobernador Julián Gutiérrez dieron el respaldo a esos estados financieros.

En el informe de auditoría, Price Waterhouse destaca varios aspectos que la llevan a no pronunciarse, como que aún hay firmas de exempleados registradas en los bancos, una inadecuada custodia de los cheques posfechados, no hay conciliación formal de las inversiones temporales, hay un inadecuado procedimiento contable en el registro de ventas e inexistencia de una política formal en la provisión de deudores.

El número de razones incluye aspectos como que no se identifica un seguimiento a los contratos de distribución en el exterior, la inexistencia de una política formal de inventarios, un inadecuado registro contable de cargos diferidos, no hay una depuración para el cálculo del impuesto Cree y se subestima la provisión de litigios calificados como probables por los asesores jurídicos de la empresa.

A esto se suma el registro de ingresos sin debida documentación, ajustes manuales en el aplicativo Aurora, posibles sanciones por presentar medios magnéticos en forma extemporánea, la probabilidad de acceso no autorizado de terceros valiéndose de otros códigos y hasta posibles pérdidas de información por fallas inalámbricas en el hardware.

El contralor departamental, Jorge Eber Wheeler Arcila, sostuvo a LA PATRIA que no sabe a qué se debe tanta espectacularidad frente a la decisión de la firma auditora Price Waterhouse, pues esto no es nada nuevo, y la situación ya se había advertido desde hace un año. "Hay muchas deficiencias, estamos cansados de reiterarlo, pero lo que sucede es las gerencias anteriores de la ILC no han actuado sobre los funcionarios que han cometido las irregularidades".

Eso condujo a que se abrieran 18 hallazgos enviados a la Procuraduría, 11 de ellos en el 2012 y 7 más en el 2013.

Esa desorganización financiera tiene alcance disciplinario, pues en su concepto, se está faltando a un deber legal de cumplir de forma ordenada con los resultados, tal y como lo ordena la Ley.