Marmato, a la espera de consulta previa

Lina Ruiz

LA PATRIA | MANIZALES

Luego de la demanda que presentó la Gran Colombia Gold contra el Estado colombiano y que asciende a los US$700 millones (unos $2 billones), el panorama en Marmato (Caldas) es aún incierto.

Los mineros calificaron esta situación como un acto de matoneo transnacional. "Se está afectando a comunidades que llevan 500 años dedicándose a esa labor. El Gobierno no debería conciliar con ellos", señaló Darío Arenas, director de la ONG Manizales en Común, que en la actualidad asesora a los mineros.

Aunque la Corte Constitucional ordenó en febrero a la compañía suspender sus operaciones en el sitio conocido como El Burro, después de eso la situación se normalizó un poco y "los obreros han podido trabajar más tranquilos", según lo aseguró Yamil Amar, presidente del Comité Cívico Prodefensa de Marmato. Hasta que no se realice la consulta previa a los grupos étnicos del lugar, no se sabrá que pasará.

"Gran Colombia Gold está en su derecho de demandar. El Estado es muy responsable de esto, pues admitieron la llegada de una compañía a donde no podía llegar, se prestaron para ello. Los platos rotos los paga el pueblo", recalcó Amar.

Cabe recordar que los mineros alegan que la Ley 66 de 1946 dividió el Cerro El Burro para que la parte alta fuera explotada por los mineros artesanales, y el acceso de una multinacional a esa zona del cerro es ilegal, pues es de reserva especial para la pequeña minería.

Lo que sigue

Según Arenas, la decisión de la Corte es positiva, pero ahora lo que sigue por hacer son varias cosas.

"La Alcaldía debe presentar un informe sobre la afectación que se dio por la presencia de la multinacional en la parte alta del cerro, lo cual es ilegal. Así mismo, la Agencia Nacional de Minería debe realizar otro informe sobre cuántos contratos hay en esa zona y quiénes son los titulares. Y la Gobernación debe informar sobre la caracterización de los mineros y enviarles copias a todas las entidades", dijo.

Agregó que luego de que se entreguen estos informes debe hacerse una audiencia pública con todas las instituciones.

Seguido a esto se realizará la consulta previa con los miembros de la comunidad indígena Cartama y de la comunidad afrodescendiente Asojomar, que se han dedicado a la minería artesanal e informal en la mina Villonza.

Dicha consulta la deberá hacer el Ministerio del Interior y en ella tendrán que participar las personas que interpusieron la tutela y las otras comunidades que ejercen la actividad de minería tradicional, artesanal e informal en esa mina.

Lo otro es que la multinacional alega que Colombia no está cumpliendo con el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Canadá.

Por qué se dio la demanda

Además de la orden de la Corte Constitucional a Gran Colombia Gold de cesar sus operaciones en el cerro El Burro, en Marmato, la demanda de la empresa al Estado se dio por los incumplimientos en el desalojo de los mineros ilegales que ocupan los títulos que fueron entregados a la firma canadiense.

Como segunda causa está la falta de acción del Estado colombiano por medio de sus autoridades para prevenir y hacerles frente a las protestas y atentados terroristas que causaron pérdidas económicas para la empresa minera, entre ellos los ocurridos en febrero del 2016, perpetrados por el Eln.

Cifras

-Gran Colombia Gold adquirió por medio de Medoro Resources el proyecto minero Marmato, el cual se estima que tiene una capacidad de 14 millones de onzas de oro y 90 millones de plata.

-En el 2016 Marmato representó el 16% de las ventas totales de oro de la compañía.