“La locomotora agropecuaria salió del taller de reparaciones y ya se está moviendo”, “Todavía no la tenemos a velocidad de crucero como querríamos verla”, “confío en la recuperación de la producción cafetera del país”, “las políticas de Restitución de Tierras están andando y van muy bien”...
Estas son algunas de las frases pronunciadas en los últimos días por el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo, a quien siempre lo acompaña un marcado optimismo, aunque a veces la realidad insiste en desmentirlo.
Hechos como las protestas en Corabastos, la disminución en la producción del café, la falta de preparación de los campesinos para afrontar los acuerdos comerciales, el manejo de las políticas de restitución de tierras y el llamado "chicharrón" del Incoder, con la renuncia de su exdirector Juan Manuel Ospina se han convertido en algunas piedras en el zapato para el sector.
Como si fuera poco, le tocó responder a la demanda de inexequibilidad interpuesta por ciudadanos contra la Ley 1448 sobre la Restitución de Tierras en la Ley de Víctimas y por la cual radicó, junto con el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, un alegato en defensa de la integralidad de constitucionalidad de la misma.
En medio de esta situación, algunos dirigentes defienden su tarea y son optimistas. A continuación el balance de algunos expertos y los problemas más evidentes.
Para el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Rafael Mejía López, no hay crisis aunque, como en todo, hay problemas, pero asegura que nadie los está escondiendo. A su juicio, hay que mirar más en positivo y entender los desafíos.
“Crisis existiera si, a pesar de las tres olas invernales, se estuviera viviendo una hambruna, pero sí hubo producción y se contó con una oferta adecuada de alimentos, el inconveniente estuvo en no poder llevar los productos a los centros de distribución. A la gente se le olvida la producción bandera como la carne, la papa, leche, frutas y legumbres, entre otras”, afirmó.
Resaltó la rentabilidad de la actividad, y aunque no ha aumentado, es estable. Según el 80% de los consultados, la producción en 2011 fue buena o aceptable y el 83% espera lo mismo para 2012.
Sostiene que a pesar de las eventualidades presentadas en 2011, los productores agropecuarios conservan la motivación y el empuje para sacar adelante el sector.
Para el gerente de la Federación de Cafeteros de Colombia, Luis Genaro Muñoz Ortega, el sector caficultor colombiano tiene más futuro que pasado. Reconoce el impacto durante los últimos tres años, con fuertes descensos en su volumen, consecuencia de la fuerte ola invernal que azoto al país y que elevó la infección de la roya. Aún así, resalta la ejecución de un dinámico programa de renovación de cafetales.
También destaca el interés de los cafeteros por reconvertir sus cafetales a nuevos por variedades jóvenes y resistentes a la roya. Finalmente señaló que el gremio no ha planteado proyecciones para la cosecha del 2012, pero que podría estar por los mismos niveles del año anterior.
Una cosa es la restitución tierras por vía administrativas y otra es la Ley de víctimas y restitución de tierras, solicitudes que se están recibiendo a través de la oficina de restitución de tierras del Ministerio de Agricultura. Al 23 de marzo ya se habían recibido 10 mil 106 solicitudes equivalentes a 770 mil hectáreas.
La unidad de restitución de tierras recibe la solicitud, le hace seguimiento, se le adjuntan condiciones y se pasan a consideración de los jueces agrarios, que son los que se espera fallen las primeras restituciones en el segundo semestre de este año.
El saliente gerente del Incoder, Juan Manuel Ospina, aseguró que no tenían responsabilidad directa en la restitución de tierras, pues su tarea era el reconocimiento de derechos sobre tierras tituladas, al tiempo que destacó que durante este tiempo se logró armar la política de tierras y desarrollo rural que impulsa el Gobierno.
Tambiénd destacó que a la definición del plan de acción y a la estrategia se le gastó un tiempo importante y “estoy seguro de que se podrá recuperar y hasta multiplicar en la gestión siguiente”.
Hizo énfasis en las dificultades que trajo consigo la ola invernal.
Este lío se puede resumir en cuatro puntos centrales: servicios, informalidad, seguridad y contratación, en los que la corporación no tiene claridad. La raíz del asunto se encuentra en que actualmente el 52% pertenece a los comerciantes y el 48% a diferentes entidades del Estado, entre las que se encuentran la Alcaldía de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca y el Ministerio de Agricultura.
No obstante, Héctor William Varela, ex gerente de Corabastos, aseguró que todo lo paga el comerciante, pues el Estado no ha puesto un peso adicional desde hace 40 años para que la entidad funcione y por tener mayoritariamente participación de los comerciantes privados, se aplica el régimen privado y no la Ley 80.
Otra es la opinión que tiene el Representante a la Cámara, Ángel Custodio Cabrera, quien afirmó que la entidad debe ser transparente y por tanto el régimen privado en materia de contratación deja exento a Corabastos de cumplir con una normativa de transparencia.
Mientras que el actual gerente, Mauricio Parra, dijo que si bien es prematuro para afirmar un posible cambio de naturaleza en materia de contratación, la intención bajo su administración es que las contrataciones tengan una amplia difusión y contratación.
Para el sector avícola el llamado es a que las entidades sanitarias fortalezcan su institucionalidad y den el soporte necesario que responda a las necesidades y exigencias de los nuevos mercados.
“Es una llamado urgente para que se cuide el patrimonio sanitario y que entidades como el ICA e Invima implementen un sistema y que con base en lo que tenemos ofrezca las ventajas competitivas”, manifestó el presidente de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia, Fenavi, Andrés Moncada Zapata.
El líder gremial agregó que hay vulnerabilidad en el sector por enfermedades complejas. “No podemos permitir, por ejemplo, el ingreso de la influenza aviar, enfermedad de alta complejidad, y sería nefasto para las compañías avícolas del país, adicionalmente, tendría implicaciones muy serias en la salud pública de los colombianos”, precisó.
Moncada resaltó que, aunque en Colombia nunca ha habido un caso de influenza aviar, es importante la prevención de esta enfermedad con la llegada de otros países que sí son altamente vulnerables a ese padecimiento, como es el caso de Estados Unidos.
La Ley de Víctimas es una herramienta legal que reconoce los daños que han sufrido miles de personas y comunidades por causa del conflicto armado interno colombiano y quienes por ser víctimas de la violencia tienen derecho a saber la verdad de lo que les sucedió, a que se haga justicia y a obtener una justa reparación. Con la restitución, las víctimas tienen derecho a que se les devuelva su predio cuando éste fue despojado o abandonado a causa del conflicto armado, y además mejorar sus condiciones socioeconómicas para una vida más digna.
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