Contratación directa revive la polémica

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JUAN CARLOS LAYTON

LAPATRIA | MANIZALES

Un nuevo debate se generó por el llamado de la Contraloría departamental frente a los altos índices de contratación directa tanto en la Gobernación como en varios municipios y entes descentralizados de Caldas, sin contar casos como el de Marquetalia que reportó información irregular.

Mientras tanto la Gobernación insiste en que la contratación directa no es un delito y que hay casos en que los montos y el tipo de contrato no justifican un contrato público.

El debate se generó, después del informe que entregó ayer el contralor Jorge Ever Wheeler y en el que quedó en evidencia que este sigue siendo el mecanismo predilecto en la región.

Para el ente de control el riesgo es mayor, justo este año que es un período electoral, pues los recursos se podrían desviar para ser invertidos en campañas políticas.

Aunque según el ente de control, el reporte de la plataforma Contratación Visible (Covi), indica que en el 2014 hubo un descenso en la contratación directa frente al 2013, cuando el monto de los recursos directos representó casi el 73% del valor de toda la contratación, en el 2014 igual persistió un alto indicador, en especial en Marquetalia, Norcasia, La Dorada y La Merced, entre otros (ver infográfico), que manejan mayores recursos.

De los 16 mil 239 contratos que se efectuaron en toda la región por casi $487 mil millones, cerca del 67% siguió siendo por contratación directa.

Acuerdos en la Gobernación

El Departamento no se quedó atrás y de los 703 contratos por $116 mil 178 millones, 477 fueron directos, por una cifra que ascendió a los $31 mil 668 millones. Esto equivalió al 28%. Sin embargo, según la Contraloría, hay por determinar las condiciones de unos acuerdos por unos $35 mil millones que no están reportados en sus cuadros.

Más compleja fue la situación en hospitales y entidades de servicios públicos que, al regirse por el derecho privado, adjudicaron por contratos directos entre el 95% y el ciento por ciento de sus recursos.

El mayor ejemplo fue el del Hospital Santa Sofía, donde de los 767 contratos, equivalentes a 57 mil 259 millones, el ciento por ciento fueron directos. El gerente, William Arias, no respondió a su celular para conocer la razón.

Mientras tanto en la Licorera de Caldas, de los cerca de $70 mil millones, casi $29 mil millones fueron a través de contratación directa, contrario a lo que sucedió en Inficaldas donde de los $27 mil millones en acuerdos, solo $2 mil 491 millones fueron por el sistema directo.

Marquetalia, en la mira

Según el ente de control, ad portas de la Ley de garantías que se inicia el 25 de junio, la preocupación es que los estudios previos o términos de referencia se puedan organizar para que alguien se los gane y no se afecte la transparencias de recursos públicos.

La Contraloría también alertó sobre las irregularidades en el municipio de Marquetalia, que reportó 25 contratos ante la Contraloría departamental, pese a lo cual después de hacer el cruce de información se constató que en realidad fueron 202 los contratos que efectuó.

"Por esta razón se está aperturando el respectivo proceso sancionatorio contra el representante legal, por el mal reporte de la información", explicó Wheeler.

LA PATRIA llamó a los tres celulares del alcalde Luis Sandro Giraldo y la Secretaría de Gobierno para conocer sus conceptos, pero al cierre de esta edición ninguno respondió.

¿Mucho ruido?

Pese a las advertencias continuas de la Contraloría, el cuestionamiento de algunos dirigentes y diputados tiene que ver con los pocos o ningunos resultados. La defensa del contralor es que se han hecho muchos traslados a la Procuraduría y Fiscalía, enviados desde el 2012.

Aún así los resultados a la fecha son pocos, hecho que reconoce el Contralor. "Desafortunadamente la Ley 610 del año 2000 no permite que los procesos fiscales sean ágiles, pues hay que probarle a un funcionario público la culpa grave y el dolo y eso dilata las investigaciones", insistió.

De acuerdo con el diputado Jorge Hernán Aguirre, del partido Liberal, aunque estos entes tienen un control posterior y selectivo, en general no ahondan a instancias mayores y muchos de los procesos solo se quedan con la advertencia. También cuestiona los casos expuestos en la Asamblea, donde muchos de los procesos se quedan en el reclamo o simplemente no se hace el debate. "Solo hacen funciones de advertencia, pero muy pocas las consecuencias jurídicas que se tienen".

Para el secretario privado del Gobernador de Caldas, Gustavo Castañeda, la contratación directa no se puede estigmatizar. Su explicación se centra en que muchos son pequeños acuerdos, ante todo de prestación de servicios o proveeduría de elementos o servicios, que no aguantan un largo proceso.

Por ello, explicó, varios acuerdos se manejan a través del sistema de contratación directa de mínima cuantía, que son menores a $40 millones. También manejan contratos de selección abreviada, desde $40 millones hasta 400 millones y los superiores a ese valor se hacen por contratación pública.

"La esencia de la contratación directa es buscar una dinámica y fluidez en el desarrollo normal de las actividades, un contrato público se demora casi tres meses, por eso no se justifica entrar en este tipo de contratos para procesos pequeños", explicó.

Frases

* "La idea es no solo identificar las irregularidades, si las hay, sino hacer un control en tiempo real y oportuno, justo este año electoral en el que varios recursos se pueden desviar".

Jorge Ever Wheeler, contralor departamental

* "Aunque la contratación directa es legal, debería ser la excepción, el Estado debería privilegiar o escoger otros sistemas de contratación"

Jorge Hernán Aguirre, diputado partido Liberal.

* "No nos pueden descalificar un sistema de contratación que aprueba la ley, y que se hace con toda la responsabilidad. Lo delicado es si determinan que hubo alguna irregularidad".

Gustavo Castañeda, secretario privado del Gobernador de Caldas

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