LEONARDO ORTIZ
LA PATRIA | MARMATO
Alrededor de 400 obreros de la empresa minera La Esperanza y del Molino San Antonio en Marmato podrían quedar cesantes.
El llamado de urgencia lo hizo el propio empresario Uriel Ortíz Castro, socio de las minas, quien reclamó por la negativa de la Agencia Nacional Minera, que sigue sin vender los explosivos necesarios, lo que condujo a reducir la actividad minera y despedir los primeros 50 obreros.
Sara María Olarte de Ortiz, coordinadora de bienestar del empleado, consideró como una lástima que a reconocidos empresarios de la región no les vendan explosivos, pese a que durante toda la vida la han dedicado a los trabajos en los socavones.
"Me da tristeza que se tenga que cerrar la empresa, pues en ella laboran cerca de 50 madres cabeza de familia, el caos en el municipio será inmanejable", aseveró.
Retiro de personal
Según Ortiz Castro, el problema se agrava, pues hace algunos años les vendían los explosivos a quienes demostraban solicitud de legalización de las minas, pero en estos momentos exigen además el Registro Único Minero. La dificultad es que la misma Agencia tiene represados trámites desde hace 20 años, incluyendo su caso.
El empresario ya solicitó el permiso ante el Ministerio del Trabajo para suspender labores, después de 40 años dedicados a las labores mineras. Su estimativo es que también se afectará personal de Riosucio, La Merced, Supía, San Lorenzo, Irra, Quinchía, La Felisa, Anserma y La Merced.
Diego Franco Molina, director del Ministerio del Trabajo en Caldas, sostuvo que estarán atentos a este reclamo, pero reconoció que desconocen el caso, por lo que se comprometió a hacerle el seguimiento respectivo y determinar la situación de la empresa.
Paros mineros
El mismo reclamo ya lo habían elevado los mineros en febrero pasado, por lo que hicieron una protesta nacional. En el paro también se quejaron de que las comercializadoras no les compran el oro, debido a que sin título minero, se convierten en ilegales. Tampoco les venden el explosivo, lo que hace que muchos acudan a explosivos artesanales, lo que genera accidentes.
Los calificados como legales también se quejan. Yamil Amar, dueño de tres predios y generador de unos 22 empleos, asegura que su problema es igual, pues tampoco le venden insumos. "No sé por qué el Gobierno asfixia un pueblo que no sabe sino trabajar y producir riqueza para el país".
Félix Alberto Cataño, representante de la comercializadora Star Gold Ltda, asegura que tantas exigencias del Estado les impiden comprar oro, debido a que todos los procesos de legalización que hay en Marmato han sido rechazados por la Agencia Nacional Minera (ANM).
Atentos
El secretario de Gobierno, Jorge Andrés Gómez, tampoco conocía el caso, pero sostuvo que aunque perdieron cualquier competencia en este manejo minero, si la empresa es legal y tiene los títulos del caso, estarían dipuestos a intermediar y buscar un acuerdo con la Agencia Nacional.
La Personería de Marmato considera que el Gobierno está violando el derecho al trabajo, más para un pueblo donde la mayoría de sus ingresos depende de esta actividad.
Se estima que Marmato genera cerca de 3 mil gramos de oro diario, el cual se compra en parte y a un bajo precio. Hablan de unos $62 mil el gramo, casi $30 mil menos que hace unos meses.
Datos mineros
El censo del 2014 arrojó que en Marmato hay 537 minas, de las cuales 120 tienen títulos. El 75% pertenece a la empresa privada y el resto es pequeña minería y de subsistencia.
Las últimas proyecciones de Colombia Gold estimaron que hay un potencial de explotación de unas 14,4 millones de onzas, diferente a las cifras iniciales de unos 11,8 millones de onzas.
Faltan documentos
El alcalde Marmato, Héctor Jaime Osorio, resaltó que aunque son conscientes del problema, en una reunión que se efectuó hace un mes con la compañía y la Agencia Nacional Minera, se constató que faltaban unos documentos, incluyendo un Plan de Manejo Ambiental, un Plan de Trabajo de Obras y un informe del uso de explosivos, datos que la compañía se comprometió a entregar. Sostuvo que desconoce ese trámite, pero insistió en que sería muy grave que se dejara a tanta gente sin empleo.
Con respecto a la minería artesanal, indicó que aunque han sostenido reuniones de la Agencia Nacional Minera (ANM), la entidad ha insistido que no venderá explosivos a entidades que no tienen títulos mineros o son dueña de minas. Por ello, hizo un llamado para que se diera un plazo de por lo menos seis meses y en ese tiempo se les vendiera explosivos.
También insistió que es vital que la Agencia acelere esos procesos, teniendo en cuenta que hay muchas solicitudes de más de 15 y 20 años.
En la actualidad se han negado 56 títulos de unos 200 pendientes, por lo que se ha socializado con los mineros esta negación para que presenten pruebas o refuten dicha negación.
Opinan
* Ruth Dolly Ortíz de Cañas, pensionada
Como el Gobierno no quiere vender los explosivos, la gente se quedará sin qué hacer.
* María José Castro, ama de casa
Esto será un caos total, porque de una u otra manera todos dependemos de la minería.
* Felipe Andrés Ortíz, empleado
Se aumentará el índice de desempleados, y se corre el riesgo de que la gente se ponga a delinquir.
* José Hernando Gallego, comandante del Cuerpo de Bomberos
Esto generará un problema social, se aumentará la prostitución y la delincuencia.
* Johan Bolaños, minero
Las repercusiones son graves, no se puede calcular el daño en este pueblo generador de paz.
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