El gobierno de Colombia, está convencido que su proyecto de ley es el adecuado para reformar la Ley 100 de 1993, y que vendrá a cambiar totalmente el Sistema de Atención en Salud de los colombianos, manteniendo las bases filosóficas de la norma que se quiere modificar porque tiene elementos sociales de importancia vital para preservar el mandato constitucional en cuanto a la protección de la salud de los colombianos. ¿Quién no quiere eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación?

Lo han dicho y reiterado en varios escenarios el señor Presidente y el señor Ministro de Salud que las Empresas Promotoras de Salud, EPS, se modificarán para bien del servicio de la salud, Paradójicamente, ellos avalaron con su presencia el 29 de abril, la nueva EPS en Medellín al dar inicio al funcionamiento de la entidad mixta, más grande de Colombia, bajo el actual régimen jurídico y administrativo.

La pregunta esencial surge al interrogar qué pasará con los pacientes cuando éstos requieran de la atención de salud integral, lo cual implica calidad y cobertura de servicios que se deben proporcionar a los pacientes, mediante mecanismos expeditos para lograr la promoción de la salud; la prevención de sus enfermedades, los diagnósticos oportunos y completos; los tratamientos adecuados y no fragmentados, la rehabilitación al máximo posible y la paliación de sus sufrimientos.

Pero las palabras bajo la forma que se quieran, sin respaldo de la verdad y la realidad o las promesas de toda índole que tratan de justificarlo todo y querer llegar a los dolientes con una esperanza que aún es simple ilusión, van llenando espacios. La crueldad vigente es innegable como lo pueden testificar no pocos pacientes y sus familias.

Un ejemplo de la vida real, de ayer, de Manizales, es el mejor indicio de lo que sucede con el consiguiente dolor físico del paciente, en donde la indolencia campea por doquier y la responsabilidad se diluye bajo terrible connotación de la no existencia de un contrato que le proporcione a la paciente una terapia adecuada y le evite todo el compromiso psicológico a ella y su familia, derivado ya no por la impresión de abandono sino de la realidad de la impotencia ante la tramitología.

Hace 11 meses asistió a una consulta por una masa en una mama. Cuatro meses más tarde tiene el diagnóstico de cáncer con el agravante que era invasivo, lo que significaba que podría haberse diseminado a otras estructuras, lo cual fue ratificado por la clasificación clínica que se le ha realizado. Por los tiempos, hace siete meses busca su terapia adecuada, sin lograrlo a pesar de las tutelas y las solicitudes a los entes gubernamentales de la Nación y del Municipio.

Es una paciente que va en el sendero de tener cada día un mayor compromiso de su estado general y si no es atendida a tiempo ya la terapia específica será inoficiosa y solo se le someterá, si es que puede alcanzar esa fase a tratamientos finales paliativos.

No es justo que esto ocurra y que del ir y venir sin resultados efectivos pase el tiempo en medio de la indiferencia. La vida humana no puede depender de un contrato ni de un querer de un funcionario cualquiera. Las responsabilidades hay que delimitarlas con urgencia, el problema no es que una u otra entidad sea la responsable. Los verdaderamente comprometidos son personas y ellas son las que deben responder por sus actos incluyendo la negligencia o la omisión.

Las instituciones son inertes, son conducidas y allí trabajan seres humanos quienes son los que deben, cuando conocen o deben conocer los problemas, solucionar las dificultades. No se les pide más. No se les pide imposibles, ellos no existen cuando la voluntad y la obligación están por encima de todo. A la paciente no le sirven las reformas ni la palabrería explicadora insulsa ni las remisiones para salir del paso ni las conductas promeseras. Y, a la familia tampoco.

Nota: ¿Quién se preocupa por un Hospital Universitario?