Sin duda que la gran mayoría de colombianos aplaudieron la expresión de indignación ciudadana cuando un alto número de congresistas legislaron en beneficio propio con la fracasada reforma a la justicia.

Pero el hecho de que tal malestar solo llegue hasta allí es sintomático de la debilidad de nuestra democracia. Guardadas las proporciones, la explosión de propuestas legislativas sibilinas e inanes debiera producir también rechazo ciudadano. Los costos para el país son altamente lesivos. Por lo menos, un permanente detrimento patrimonial cuando el Congreso utiliza los recursos fiscales que le son asignados para discutir propuestas insustanciales, improvisadas o para dar vueltas en círculo con reformas a la Constitución a cada santiamén.

Una improvisación que forma parte de la baja calidad del debate político y público en Colombia y que no se limita a los legisladores. El vicepresidente Angelino Garzón tuvo el atrevimiento hace pocos meses de proponer reformar la Constitución política para superar la gresca entre Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe. ¡Vaya estadistas los que tenemos!

Aunque las propuestas anodinas de los congresistas se pueden contar por cientos en cada legislatura, una de las que mayor atención está recibiendo es la del senador Juan Lozano de instituir la segunda vuelta en las elecciones a alcaldes para aquellos casos en que el candidato más votado no reciba al menos el 45 por ciento de los sufragios.

La idea, según el Senador, es garantizar que en las ciudades más grandes del país, las que sobrepasen el millón de habitantes, los alcaldes sean elegidos con una votación que represente un porcentaje muy significativo de la ciudadanía. En otras palabras con una votación que les provea de mayor legitimidad y gobernabilidad.

Sin duda una propuesta guisada al vapor de los titulares de prensa y gracias al Sambenito de que Gustavo Petro fue elegido con ‘apenas’ el 32 por ciento de los votos. Ser elegido con más de 45 por ciento de los votos entre dos candidatos no necesariamente garantiza mayor legitimidad ni ser elegido con el 32 por ciento cuando los candidatos son varios tampoco resta legitimidad. La regla del respeto a la minoría en democracia se instituyó en tanto esta puede convertirse en cualquier momento en mayoría, lo que da fundamento al mecanismo de la alternancia. Con más razón, las minorías debieran respetar a la mayoría, así no sea absoluta, pues al igual que una mayoría absoluta se puede esfumar en instantes una mayoría relativa puede ganarse un apoyo postelectoral mayoritario.

Ahora bien, una segunda vuelta para fomentar la gobernabilidad es innecesaria, ya que cada alcalde en términos generales requiere constituir mayorías en el Concejo para poder gobernar.

Además, una reforma como la propuesta no resuelve un tema de fondo: el todavía amplio número de partidos que existe en Colombia, su precaria cohesión y debilidad en la toma interna de decisiones en virtud del voto preferente. Con tanto faccionalismo e indisciplina partidista es en la práctica nada lo que una segunda vuelta en elecciones locales puede contribuir a la gobernabilidad y sí genera muchos costos. No solo los altos costos en términos monetarios para el Estado, sino que los ciclos electorales en sí, sobre todo cuando son prolongados, afectan el clima económico.

La propuesta de una segunda vuelta en el caso colombiano no es ni siquiera original del senador Lozano. En el 2011 el Senador Armando Benedetti presentó un proyecto similar, aunque en ese caso, al proponer un mínimo de 33 por ciento de los votos, antes que buscar una mayoría absoluta lo que al final pretendía era establecer un umbral.

Cualquiera de las propuestas mencionadas es exótica. No hay evidencia que respalde con solidez el tema de la segunda vuelta para alcaldes. Las únicas excepciones son Brasil y Perú. En el primer caso se exige mayoría absoluta para los municipios con 200 mil o más habitantes, pero Brasil no es un buen termómetro, en tanto que tiene un número excesivo de partidos y no es un dechado de virtudes democráticas. En el caso de Perú, al exigirse un 30 por ciento de los votos para evitar una segunda vuelta no se está frente a un verdadero ballottage, sino a la imposición de una suerte de umbral.

Un país que está negociando la paz con la subversión, que tiene tantos problemas de criminalidad y retos para su desarrollo económico, incluido su sector agrícola e industrial, debiera tener a los congresistas concentrados en atender asuntos realmente sustanciales y en fiscalizar la labor del gobierno y no improvisando y pretendiendo legislar a punta de titulares.