Muy interesante el interlocutorio proferido por el Juez Segundo Penal del Circuito, por medio del cual se resolvió el recurso interpuesto por el exalcalde de Manizales Juan Manuel Llano y otros dos encartados en el caso de las sillas del estadio, y cuyo resultado fue la revocatoria de la medida de aseguramiento que los privó de la libertad por 35 días.

Y es interesante no solo por el resultado que les restituye los derechos fundamentales alevemente violados, sino también por las motivaciones en las cuales se sustenta, y que hacen reflexionar sobre la irresponsabilidad con la que se imparte justicia en este país. No puede ser posible ni admisible que por presiones sociales, personales, maquiavélicas, tendenciosas y retaliativas, la justicia, abusando de su poder, se ensañe en algunos procesados para darle gusto a la tribuna y para provocar escándalos mediáticos que acaban con familias enteras y extienden el radio de víctimas al entorno del simplemente señalado de ser un posible actor, en un acto también solo posiblemente delictuoso. Es decir, sin existir la configuración de un delito; sin determinarse la violación de la ley; sin darse las garantías de una defensa limpia; y sin presentarse la certeza siquiera de un error procedimental que pueda considerarse delito, se somete a las personas a que paguen penas anticipadas por sentencias no proferidas y sin siquiera desarrollarse un juicio. ¿Es esto justo?

Pero lamentablemente así sucede y peligrosamente bajo la complicidad, la presión o la injerencia de actores como la Corporación Cívica de Caldas que se ha empeñado en convertirse en denunciante, fiscal, juez, procurador y verdugo de personas determinadas, sin miramientos éticos, humanos y sociales. En este espacio hemos denunciado la comisión de actos presumiblemente delictuosos en cabeza de personas protegidas por esa Corporación y no se ha obtenido manifestación alguna al respecto. Y, lo más grave, ni los órganos de justicia se manifiestan aún existiendo denuncias y demandas formalmente presentadas. Me pregunto entonces: ¿es tal el poder que tiene esta Corporación (que funge como juez espurio), que le es posible determinarle a la propia justicia anticipadamente quién es culpable sin existir delito, o quién es inocente ante evidencias incuestionables? ¿Se estarán prestando fiscales y jueces para este tipo de contubernio maligno, perverso y denigrante?

Y aquí cabe destacar uno de los argumentos esgrimidos por el juez arriba citado, cuando hace énfasis en la legalidad de su decisión y que sustenta, entre otras muchas cosas, en palabras de Luigi Ferrajoli: "debe haber un juez independiente que intervenga para reparar las injusticias sufridas, para tutelar los derechos de un individuo, aunque la mayoría o incluso la totalidad de los otros se uniera contra él, a absolver por falta de pruebas cuando la opinión general querría condena o a condenar, cuando existan pruebas, aún cuando esa misma opinión quisiera la absolución…". En resumen, debe haber un juez verdaderamente justo que no ceda a las presiones de la comunidad en ningún sentido, pues será la única forma de que la sociedad repose tranquila ante la posibilidad de acudir a la justicia como ente constitucionalmente encargado de dirimir lo conflictos entre las personas. De lo contrario, la justicia cada vez perderá más credibilidad y la sociedad se arriesga a que se implementen procedimientos anárquicos que conllevan estados de guerra irreparables. De lo contrario, cada día estaremos ante el peligro inminente de convertirnos, vía judicial, en rehenes del propio Estado.

Como ciudadano que defiende el Estado social de derecho y por cuyo respeto he abogado con insistencia, quisiera pensar que estos errores de la justicia son accidentales, y que nada pudiera perturbar el lineamiento enteramente jurídico que debe acompañar las decisiones de los jueces. Pero las evidencias en casos como el que nos ocupa dicen lo contrario: una fracción de la sociedad pedía sangre y sangre se les dio; una fracción de la sociedad pedía retaliación, y pudieron vengarse; una fracción de la sociedad exigía culpables de algo que ni siquiera se ha determinado como irregular, y se hallaron los culpables. Esto es lo que se puede concluir de la decisión del juez que revocó la medida de aseguramiento y que ojalá el ciudadano se interesara por conocer.

Pero el peligro no cesa, infortunadamente, pues se siguen promoviendo procesos de responsabilidad personal por hechos fortuitos de la naturaleza, en contra de algunos de los actores que han sido víctimas del maltrato judicial. En Manizales sufrimos el desabastecimiento de agua durante veinte días por causa de un monumental derrumbe, y ya se quiere crucificar a quien la CCC determine (Yopal lleva más de dos años y medio con ese problema y allá están buscando es soluciones antes que culpables, que no los hay); y se derrumba por causas también naturales un sector del barrio Cervantes y se pide la crucifixión del alcalde a quien se le somete a un estado de amenaza constante. Solo esperamos que esta vez la influencia de esos individuos confabulados en corporaciones tendenciosas y perniciosas no logren otra condena anticipada y no se puedan solazar en hacer leña del árbol caído. Entre otras cosas, porque ellos mismos son árboles con posibilidades de caer, y no se han dado cuenta de cuán podridas están sus raíces.