No paran las acciones de funcionarios públicos que niegan información a los periodistas independientes o a medios de comunicación representados en sus comunicadores. Eso sucede en todo el país, y viene ocurriendo consuetudinariamente en nuestra bella y querida Manizales donde, como capital departamental, existe toda clase de oficinas o despachos regionales de entes nacionales que es desde donde, especialmente, se viola el derecho fundamental a informar.

Se volvió costumbre, y parece ya predeterminado, que cualquier asunto noticioso de importancia pública (que son todos, aunque su efecto es el que les da ese valor) termina siendo referenciado, en el mejor de los casos, en un simple y escueto comunicado o boletín de prensa que solo contiene algunos detalles de lo sucedido, pero sin revelar otros elementos esenciales que permitan contextualizar la información, enriquecerla o despejar tantas dudas que a veces surgen cuando la leemos.

Y me atengo a casos como la Fiscalía General, la Procuraduría General, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), la Contraloría General, la Defensoría del Pueblo, la Contaduría General, la DIAN, el Fondo Nacional del Ahorro, el Banco Agrario y Medina Legal, entre otras “ías” y entidades de menos recordación, cuyos titulares en la ciudad insisten, cuando se les consulta por muchos temas de su total y absoluto manejo, que no están autorizados para ampliar detalles o para entregar información.

Claro que mi malestar puede ser refutado por muchos de los funcionarios aludidos al señalar que en las páginas web o en las redes sociales de sus entidades se sube la información para que quien esté interesado acceda a la misma, y eso es cierto. Pero de un boletín de prensa a querer despejar otras tantas dudas que nos surgen a los ciudadanos y a los periodistas hay un enorme abismo, y es eso lo que no se está facilitando con la actitud cómoda de los comunicados.

Casos recientes los hay por cantidades y debo sostener además que muchas veces la negación a hablar sobre asuntos específicos no es culpa del funcionario, quien está supeditado a las órdenes que desde Bogotá imparten los grandes jefes. Ejemplos, el defensor Regional del Pueblo, la directora Seccional de Fiscalías, el director de la Cárcel de Varones, el director o jefe del Fondo Nacional del Ahorro, el director de la DIAN, el gerente del Banagrario y el director de Medicina Legal, con algunos otros que no es el caso mencionar, son una muestra de la mala intención para con los periodistas y los medios, del desconocimiento que tienen de la ley (cosa que no creo), o de la falta de entendimiento desde Bogotá de que las regiones distintas a la capital del país también necesitan y demandan información amplia, precisa y cierta de lo que en sus áreas sucede.

No escapan a este reclamo la Policía y el Ejército que, teniendo, la primera más que el segundo, un mejor y permanente contacto con los medios y comunicadores toda vez que casi a diario generan acciones que son de obligatoria publicación, caen en la manida actitud de grabar las declaraciones de los comandantes o altos oficiales a la medida de ellos, así como de entregar, a veces, el material editado a los periodistas y medios, “facilitándoles” el trabajo que debe ser de quien tiene la facultad, los elementos y el criterio para ello.

Tampoco puedo dejar pasar esta oportunidad para pedirles a las Fuerzas Armadas que el mismo trato de divulgación que les dan a los casos positivos de sus integrantes, el cual es muchas veces rápido y efectivo, se lo den a los hechos negativos como muertes violentas, errores o fallas de su personal. Ojo, no me refiero para nada a los asuntos que tienen que ver con la seguridad del Estado, que sabemos tienen una condición de reserva inviolable, según los casos.

Distinto es lo que pasa con organizaciones privadas que por esa condición no estén obligadas a entregar información a los medios, aunque no por ello deben renunciar a la obligación de ser transparentes, responsables y amigas de la verdad, lo que significa que no es entendible que escondan, tapen o se resistan a informar sobre sus acciones o resultados.

En ese orden de ideas, que no se olviden los servidores públicos que ellos se deben a la gente, a los ciudadanos, y por lo tanto están en la obligación, bajo parámetros específicos establecidos por las entidades donde trabajan y por la ley, de entregar y aportar la información que periodistas y medios les soliciten, o que ciudadanos del común les exijan a través de los mecanismos legales amparados por la Constitución y las leyes.

Cabe recordar que el pasado 22 de enero el Gobierno Nacional, alcaldes y gobernadores del país firmaron, en compañía del presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Jairo Mantilla, y del presidente de la Comisión de Chapultepec, Jorge Canahuati, la Declaración de Chapultepec, que establece los 10 principios para el desarrollo de una prensa con libertad de expresión.

En ese acto el presidente Juan Manuel Santos insistió que “el ejercicio de la libertad de expresión y de la libertad de prensa no es una concesión de las autoridades, es un derecho inalienable del pueblo” que se garantiza también a través de la protección a los periodistas.

Con dicha Declaración, alcaldes, gobernadores y el Gobierno Nacional se comprometieron con la defensa de las libertades públicas en el país, pero especialmente en regiones golpeadas por la violencia. Un asunto para no olvidar.