En la sección Correo Abierto de este periódico se publicó el pasado miércoles una carta del secretario de Tránsito y Transporte de Manizales, Juan Felipe Álvarez Castro, con la que buscaba aclarar el lío de la renovación de las licencias de conducción en la ciudad. Pero como le ha sucedido a este despacho desde que comenzó todo este rollo de las renovaciones el año pasado, el contenido del texto -lleno de categorías y equivalentes, de edades y fechas- comenzó a enredarse con las declaraciones de la ministra de Transporte, Cecilia Álvarez-Correa, a diferentes medios de comunicación, y con las "aclaraciones" de Nicolás Estupiñán, viceministro de esta cartera.

Es un juego de "sí, pero no". Sí hay que cambiar el pase si está vencido, pero no hay que cambiarlo pues el Decreto de Ley 019 de 2012 hizo la renovación automática hasta enero del 2022, asegura el secretario Álvarez Castro. El vice Estupiñán también lo dice, y hace énfasis en que es la ley y hay que acatarla sin mayores interpretaciones. Sin embargo, cuando le preguntaron sobre la Ley 1383 de 2010 (la cual reforma la Ley 769 de 2002 del Código Nacional de Tránsito) y su Artículo 4 que habla de otorgar licencias nuevas "sin costo alguno", ahí sí dijo que había que interpretar la norma.

En el parágrafo 2 de este artículo dice: "Para garantizar la gratuidad del cambio de licencias se autoriza a los organismos de tránsito descontar, por una sola vez, una suma igual a 1 salario mínimo, legal diario vigente (smdv), por cada licencia expedida, de los recursos que obligatoriamente debe transferir al Ministerio de Transporte por concepto de especies venales". O sea, una interpretación sería que el Ministerio debe transferir los recursos (que salen de nuestros impuestos) a los organismos de tránsito para que el documento nos salga gratis a todos los colombianos. Otra es que quienes hagamos la vuelta paguemos un smdv ($19.659) por el pase, y no los $48.088 que cuesta el trámite en el Servicio de Tránsito de Manizales (STM).

Pero la interpretación que más le gusta al viceministro Estupiñán es la que envió a través de un comunicado de prensa en el que dice que "no es ilegal cobrar la renovación de la licencia de conducción", pues una cosa es renovación y otra sustitución. Eso incluye la "refrendación", que es la palabra que usan en los mensajes grabados del STM.

En mi caso, que tengo una licencia de las grises y que no tiene fecha de vencimiento, no tendría que hacer el trámite, según lo dicho por el secretario, la ministra y su segundo. Sin embargo, al encontrarse deteriorado lo quise "reemplazar", que es sinónimo de "sustituir" para la Real Academia de la Lengua Española, pero no para el Ministerio de Transporte. El portal de Internet del STM no cargó ese día por fallas en el servidor (ayer tampoco estaba funcionando), y cuando finalmente pude hacerlo para conocer el abecé de la vuelta, me topé con que de los cuatro Centros de Reconocimiento de Conductores (CRC) que hay en Caldas, en tres de ellos no contestan el teléfono, y el único que lo hizo está en la lista del los 193 CRC del país (de los 287 que hay) que están siendo investigados por la Superintendencia de Puertos y Transportes por incumplir con el Sistema de Control y Vigilancia que los regula. A pesar de ello, dan cita para finales de mes.

Averigüé, entonces, si me podía hacer el examen médico en un CRC de otro municipio. En uno donde me cobraran menos ($100 mil cuesta en Manizales, y en otras partes del país hay tarifas de $80 mil) y donde me atendieran con mayor prontitud. En teoría no habría problema en realizarme la evaluación en Villamaría, Soacha o Montería, pues la evaluación es la misma y los datos van al mismo sistema (el Registro Único Nacional de Tránsito, Runt) que funciona en todo el país. Sin embargo, el MinTransporte expidió una resolución el pasado 23 de mayo con la que limitó a los CRC a tener jurisdicción municipal. Si jugamos a las interpretaciones, que es lo que tanto les gusta, entonces no se podría conducir más allá del municipio donde se hizo la evaluación. Según eso, usted es una persona diferente en Nariño y otra en Santander. Al menos detrás del volante.

Y para colmo de males, el sistema del Runt se cae a cada rato, a pesar de que la ministra Álvarez-Correa no lo quiera creer. Lo que lleva a cancelaciones, aplazamientos y demoras en el trámite.

"Con esta medida vamos a asegurar que no existan personas con licencias de conducción que no sean aptas para conducir", afirmó el superintendente de Puertos y Transportes, Juan Miguel Durán Prieto. Se quedó corto en la afirmación. Con esta medida NO van a existir personas con licencias de conducción, pues los trámites no son fáciles de realizar, no son claros, se contradicen y se prestan para la usura de los CRC. Y los tramitadores siguen rondando las oficinas de Tránsito y donde hacen los exámenes médicos. Hasta ofrecen sus servicios en los clasificados.

Por eso, y por muchas otras realidades nacionales, no es extraño que el reciente reporte de la organización Transparencia Internacional indique que el 58% de los colombianos crea que la corrupción en el país ha aumentado, y el 87% de nosotros diga que el Estado ha hecho poco o nada para disminuir el problema.

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Solo fue que el columnista César Montoya Ocampo se desparramara en elogios a su amigo, el exsenador, actual presidente del Partido Conservador y hombre detrás del gobernador encargado de Caldas, Ómar Yepes, para que la semana pasada lo nombraran en la nueva junta directiva de la Industria Licorera de Caldas. Ese sí es un amor correspondido.