El próximo 30 de septiembre vencen los contratos de concesión 863 de 1963 y 1727 de 1971 entre el Estado colombiano y Cerro Matoso S.A., la trasnacional -es de BHP Billiton- que explota la mina de níquel de Monte Líbano, Córdoba. El fin de los contratos significa que 2.41 billones de pesos de activos de esa empresa pasan a ser propiedad exclusiva de la nación colombiana.

Para comprender mejor la importancia de la reversión, basta con saber que las utilidades netas de Cerro Matoso en los últimos siete años sumaron 2.46 billones de pesos, con un promedio de más de 350 mil millones de pesos anuales, luego de pagar los costos de administración de la empresa y regalías e impuestos. Una vez reviertan esos bienes, a la Nación deberán llegarle utilidades semejantes a las que hoy recibe la trasnacional, además de impuestos y regalías.

En el momento, y a puerta cerradísima, se discute entre el gobierno y BHP Billiton -que también es accionista de El Cerrejón- qué pasará al vencimiento de los contratos. En teoría, las posibilidades son tres. 1. Que la mina y sus procesos industriales pasen a ser explotados directamente por una empresa del Estado, bien sea que esta se cree expresamente para ese fin o que la explotación la haga a través, por ejemplo, de Ecopetrol. 2. Que se convoque a un concurso en el que empresas privadas compitan entre sí para contratar con el Estado la extracción y procesamiento del níquel. 3. Que se firme un nuevo contrato con Cerro Matoso para que esta siga operando el negocio, pero teniendo en cuenta que lo que hay allí ya no le pertenece, porque ha pasado al patrimonio nacional.

Para definir qué es lo más conveniente para el país deben tenerse en cuenta otras realidades. Se sabe de lo reducidos que son en Colombia los impuestos y las regalías que pagan las trasnacionales. Cerro Matoso acaba de perder un reclamo de la Nación sobre regalías no pagadas por más de 35 mil millones de pesos, reclamo que tuvo origen en un estudio de la Contraloría General de la República y sobre el cual hay analistas que señalan que lo perdido es diez veces dicha suma. Los graves daños ambientales en la zona son evidentes, al igual que la pobreza que acosa a sus habitantes. Los trabajadores acusan a la empresa de maltrato laboral. Y el profesor Guillermo Rudas, gran conocedor del problema minero, ha puesto en severa duda la veracidad de las liquidaciones de regalías que hace Cerro Matoso y la falta de transparencia con la que se informa sobre este negocio, así como la extrema debilidad de la auditoría oficial sobre las cuentas de la trasnacional (http://bit.ly/PdncT3). Reclamos del mismo tenor ha expresado Álvaro Pardo, otro connotado analista de estos temas.

Preocupados por lo que ocurre, se constituyó el Comité por la Defensa del Interés Público en Cerro Matoso, del que hacemos parte los senadores Nohora García Burgos y Juan de Jesús Córdoba (Partido Conservador), Maritza Martínez Aristizábal (Partido de la U), Daira Galvis Méndez (Partido Cambio Radical), Jaime Durán Barrera (Partido Liberal), Félix José Valera (Partido Verde) y Jorge Enrique Robledo (Partido Polo Democrático Alternativo), así como académicos, voceros de los municipios donde se localiza la mina y organizaciones sindicales.

Como primer paso, el Comité decidió plantearle al gobierno nacional no precipitarse en la toma de ninguna decisión sobre Cerro Matoso, porque los colombianos tienen derecho a opinar, y no ante hechos cumplidos, sobre un negocio de estas proporciones. También se le solicitará que informe en qué van las negociaciones y que entregue copia de todos los contratos suscritos entre el Estado y Cerro Matoso y las demás empresas que han tenido que ver con esta explotación, para que pueda darse un debate ilustrado sobre qué debe hacerse con la reversión al país de tan enorme riqueza.

Coletilla: Prueba reina de que las EPS no son necesarias: el magisterio, las Fuerzas Armadas, Ecopetrol y la Universidad Nacional de Colombia no tienen EPS, pero sí derechos en salud superiores a los demás colombianos. Tampoco hay EPS en muchos países (http://bit.ly/O1nFXe). Santos no está por salvar la salud de los colombianos sino a las EPS y a su negocio de aseguramiento financiero. Convergencia nacional para derogar la Ley 100.